Autoritario Podemos

La Constitución española, en su artículo 6, mandata a los partidos políticos —instrumento fundamental para la participación política y la expresión de la soberanía popular— a dotarse de estructuras internas y procesos de funcionamiento de carácter democrático. De ahí la importancia crucial de las comisiones de garantías de los partidos a la hora de velar por el cumplimiento de los estatutos, salvaguardar los derechos de los militantes y evitar los abusos de poder por parte de los órganos dirigentes y sus líderes. Son, en definitiva, el principal sostén de la democracia interna dentro de las organizaciones y los garantes de su buen funcionamiento.

Se entiende así el estupor que están provocando los intentos de la dirección de Podemos de acabar con la independencia de la Comisión de Garantías de esa formación y, sobre todo, el feroz empeño en deshacerse de su presidenta, Olga Jiménez, víctima de un acoso injustificado por haberse atrevido a ejercer sus funciones de forma honesta y profesional. Sostiene Olga Jiménez, y la avalan tanto los hechos como el apoyo recibido por parte de 11 de las 16 comisiones disciplinarias autonómicas de la formación, que los estatutos aprobados por la dirección de Podemos el pasado mes de julio se desvían considerablemente del mandato aprobado por los militantes en su último congreso de Vistalegre. Y lo hacen tanto porque introducen un régimen disciplinario para sancionar a los militantes —por ejemplo, ante las filtraciones a la prensa— como porque conceden a la dirección instrumentos de intervención tan amplios y discrecionales sobre las direcciones regionales que se teme que se puedan usar para reprimir a los disidentes o, incluso, para descabezar aquellas direcciones territoriales que osen desafiar las órdenes de la dirección de Madrid.

La pugna refleja tanto la obsesión de Iglesias y los suyos por controlar a los medios de comunicación y a los periodistas encargados de informar sobre ellos —una vocacion que ya ha dado lugar a numerosas fricciones y quejas de asociaciones profesionales— como por lograr imponer direcciones autonómicas afines allí donde todavía no lo han logrado; por ejemplo, en Cataluña, donde el líder regional, Albano Dante Fachín, se niega a seguir las directrices de Iglesias y los suyos sobre la consulta del 1-O.

Se trata, en definitiva, de un empeño nada acorde con las pretensiones regeneradoras de Podemos, sus mensajes sobre la importancia de los militantes, los círculos, la participación y la democracia interna y sus afirmaciones sobre las bondades de la descentralización territorial del poder político. Más bien al contrario, la arbitrariedad manifestada en las maniobras para apartar de su puesto a la presidenta de la Comisión de Garantías bajo la absurda acusación de “excederse en sus funciones”, expulsarla del partido y sustituirla por alguien afín a la dirección revelan una vocación centralista y claramente autoritaria. Haría bien la dirigencia de Podemos en dejar de purgar a quienes los militantes han elegido para velar por la democracia interna y sus derechos y cesar en sus intentos de imponerse a militantes y territorios de forma abusiva.