El efecto retardado de las autopistas de peaje de Aznar

El Boletín Oficial del Estado nos informaba el viernes pasado: los contribuyentes van a ganar el próximo año 34,3 millones de euros gracias a la gestión pública de nueve autopistas de peaje en quiebra. Una suerte; si no fuera porque, en realidad, la operación puesta en marcha por el Ministerio de Fomento le va a costar al Estado —es decir, al contribuyente— más de 2.500 millones de euros gracias a ese sistema tan depurado de mutualizar pérdidas. Pero esta no es la historia de un fraude (no está demostrado), sino de una enorme incompetencia política.

Hay políticos que dejan legados, otros que otorgan herencias y otros que siembran bombas de efecto retardado. En este último apartado hay un nombre de postín: José María Aznar. Sus autopistas de peaje respondían allá por los años noventa a sus delirios de grandeza de una España que iba más que bien. Su Gobierno consideró que la construcción de autopistas de peaje modernizaría a este país y dieron concesiones de construcción a las grandes firmas: Abertis, ACS y Sacyr, entre otras. Y en ese delirio se hicieron cálculos faraónicos de tráfico mientras se minimizaba el coste de las expropiaciones de terrenos. El entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, calculó un tráfico diario de 100.000 vehículos en la R-2. Ni en sus mejores momentos ha registrado más de 15.000. Ello demuestra, como argumenta el economista Carlos Sebastián, que esta vía nueva, como las demás, no era necesaria.

Nueve autopistas de peaje quebraron. Seis son radiales de Madrid (como la R-2). Las otras tres, el tramo Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Por ley, el Estado ha debido hacerse cargo de ellas y el sector de la construcción considera que este deberá pagar mucho más de 2.500 millones de euros antes de ponerlas de nuevo en manos privadas. Un jugadón, vaya, jalonado de mentiras que no resisten el paso del tiempo.

Hace solo cuatro años, la entonces ministra de Fomento Ana Pastor afirmó públicamente que el rescate de las nueve autopistas de peaje no iba a costar un euro al ciudadano. Ya para entonces el Gobierno había otorgado a las concesionarias 900 millones de euros en créditos blandos. Más recientemente, el actual ministro, Íñigo de la Serna, afirmaba con la misma contundencia que el Estado podrá recuperar e incluso ganar dinero con el rescate. Pero lo cierto es que los bancos acumulan 3.500 millones de deudas y el Estado debe responder por ellas. Por si hubiera alguna duda sobre la nula rentabilidad de la operación, el Gobierno de Rajoy introdujo en abril en su programa de estabilidad una reserva de 3.500 millones “para atender la responsabilidad patrimonial” correspondiente a las autopistas quebradas.

Por cierto, lo de la ganancia de 34,3 millones de euros es un cálculo oficial; una hipótesis. Visto lo visto, su fiabilidad es más que cuestionable. Aznar no es el único optimista ni el único que sabe sembrar bombas de efecto retardado.