Extradición injustificada

Bajo el escudo de las medidas de emergencia adoptadas tras el intento de golpe de Estado de hace un año, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lanzado una nueva ofensiva contra los derechos y libertades. Casi un millar de funcionarios, entre los que figuran militares, profesores y empleados judiciales, han sido despedidos bajo la acusación de estar vinculados a organizaciones terroristas o a grupos que ponen en peligro la seguridad nacional.

La misma imputación pesa sobre el periodista turco-sueco Hamza Yalçin, detenido en Barcelona el pasado día 3 y encarcelado por decisión de la Audiencia Nacional en cumplimiento de una orden de Interpol. Tanto los jueces como la fiscalía entienden que debe continuar en prisión, toda vez que existe riesgo de fuga, ya que el periodista no tiene arraigo en nuestro territorio. Ankara ha reclamado su extradición y también la del escritor turco-alemán Dogan Akhanli, arrestado en Granada y actualmente en libertad condicional.

Sobre España recae la decisión de entregar a un país que cada día da muestras de una flagrante vulneración de los derechos fundamentales a dos intelectuales cuyo único delito es ser críticos hacia el Gobierno de Erdogan. Numerosas organizaciones internacionales dedicadas a promover y proteger la libertad de expresión ya han solicitado al Ejecutivo español que no extradite a Yalçin y Akhanli. El Consejo de Ministros debería ir preparando las acciones precisas para que Yalçin y Akhanli puedan retornar cuanto antes a sus lugares de residencia, Suecia y Alemania, respectivamente.