Periodista en prisión

La detención y posterior encarcelamiento del periodista turco Hamza Yalçin en Barcelona por orden de la Audiencia Nacional ha desatado una oleada de protestas desde las más importantes organizaciones internacionales dedicadas a la protección y defensa de la libertad de expresión. Turquía le acusa de haber insultado en un artículo al presidente Recep Tayyip Erdogan y también de mantener vínculos con grupos terroristas. Acusaciones que, conviene recordar, proceden de un régimen que ha dado sobradas muestras de su desprecio y hostilidad hacia la prensa independiente, como demuestra el hecho de que tras el intento de golpe de Estado de hace un año han sido cerrados 200 medios de comunicación y detenidos más de 150 informadores.

Para la justicia española, que atendió la orden de busca y captura dictada contra Yalçin a través de Interpol, es la falta de arraigo del periodista en nuestro país el elemento clave que le ha conducido a prisión mientras se tramita el expediente de extradición. Sin embargo, parece no haberse valorado suficientemente que Yalçin reside en Suecia desde 1984 y goza de nacionalidad turco-sueca, lo que le otorga los mismos derechos que a cualquier ciudadano de la Unión Europea, incluidos, por supuesto, la libertad de expresión y la libre circulación entre los distintos Estados.

Abrir una investigación para determinar la situación del periodista, como ha avanzado el Defensor del Pueblo, es un paso necesario antes de ceder a las pretensiones de Turquía, donde la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos fue suspendida hace un año. La justicia española no debería obviar las intolerables detenciones masivas, coacciones y medidas represivas de un país definido por la organización Reporteros sin Fronteras como “la mayor cárcel del mundo para los periodistas”.