Juana Rivas y la ley

Desde el 26 de julio, Juana Rivas ha permanecido escondida junto a sus dos hijos, de 11 y tres años. En este tiempo se ha negado a entregarlos a su padre —el italiano Francesco Arcuri, condenado hace ocho años por malos tratos— desobedeciendo así sendas sentencias del Juzgado de Primera Instancia de Granada y de la Audiencia Provincial. Sobre ella pesa una acusación de retención ilegal de menores y el riesgo de sufrir una pena de hasta cuatro años de cárcel y perder la custodia de sus hijos.

Juana Rivas decidió ayer acatar la ley y presentarse en el juzgado de Granada, que ha decretado su libertad provisional ignorando el criterio de la fiscalía, que había solicitado prisión provisional sin fianza.

Es comprensible que Juana Rivas haya recurrido a todas las fórmulas —legales o en los mismos bordes de la ley— para intentar retener a sus hijos. Su actitud ha recibido el apoyo masivo y la solidaridad de los vecinos de la localidad granadina de Maracena, que han exhibido carteles con el lema “Juana está en mi casa”, así como de numerosas personas en todo el territorio nacional. Se puede también entender que haya intentado evitar que los menores sean entregados a un padre denunciado el año pasado ante un juzgado de Granada por violencia de género, un asunto que deberá resolver la justicia italiana, toda vez que afecta a hechos ocurridos entre 2013 y 2016, cuando la pareja vivía en Carloforte.

El caso, enconado, lleno de aristas y salpicado por acusaciones y descalificaciones mutuas, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, que ha desestimado todos los recursos de amparo. Agotadas las vías judiciales y con una orden de detención a sus espaldas, a Juana Rivas no le quedaba otra alternativa que comparecer ante el juez. Seguir eludiendo la acción de la justicia conducía a un callejón sin salida y, sobre todo, ponía en riesgo aquello que Juana Rivas más desea: recabar la custodia de sus hijos.

Sobre los magistrados recae ahora la decisión más difícil: establecer mecanismos para garantizar la protección de los menores. Todas las leyes tienen un margen de flexibilidad y en este complejo conflicto se han de medir con extremo cuidado las medidas adoptadas —tanto por las autoridades españolas como por las italianas— para que queden perfectamente salvaguardados los derechos de los niños. Garantizar su bienestar es el objetivo ineludible que debe primar.