Después de Garoña ¿qué?

La decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua del parque, es el resultado de un juego de presiones políticas y financieras ajenas a la voluntad del Ejecutivo. Con independencia de que el cierre esté justificado o no en términos de estricta política energética —la potencia es reducida, 470 megawatios— y que su actividad acabara en 2012, la supervivencia de la central se ha jugado en varios tableros. Podría decirse que el peso principal que ha empujado su cierre es el deseo del PNV, nuevo socio político fuerte del PP, de no tener una nuclear cerca de Euskadi.

El empuje del PNV no hubiera bastado de no mediar el desencuentro de las empresas propietarias, Endesa e Iberdrola, sobre el futuro de la central. El motivo aparente de discordia estaba en las inversiones necesarias, reclamadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (entre 150 y 200 millones), para garantizar la seguridad de la central. Las posiciones de ambas han sido erráticas en el tiempo y confusas en la exposición. Pero el fondo del debate de Garoña es la imposición fiscal sobre la producción nuclear. Las compañías piden la anulación de los tributos que pesan sobre los kilowatios nucleares, porque según sus cálculos lastran la rentabilidad. El Gobierno no acepta la eliminación fiscal y el conflicto se ha zanjado con el cierre de Garoña.

Pero el resto del parque nuclear no es, en términos energéticos, tan prescindible como Garoña. Y por lo tanto, su vida útil deberá prolongarse a medida que acaben sus ciclos. La condición inexcusable es que la prolongación se haga en las condiciones de seguridad que fije el Consejo de Seguridad Nuclear. Sería un grave error y un grave daño para la política energética que las empresas utilizaran por ejemplo Almaraz como instrumento de presión para eliminar los impuestos u obtener compensaciones. Las dudas que existan sobre la rentabilidad nuclear tienen que sustanciarse con informes independientes y arbitrajes.