Otra derrota de Maduro

Los venezolanos demostraron de forma masiva el domingo al presidente Nicolás Maduro que es imposible solucionar el desastre económico e institucional que vive el país si no es mediante una solución dialogada que pase por el respeto a la legalidad. Que más de 7,5 millones de personas vencieran el miedo a la violencia y volvieran a convertir las calles en una manifestación contra el régimen es una señal clara del momento que se atraviesa. La oposición anunció ayer la próxima creación de un Gobierno paralelo de Unidad nacional y ha convocado una huelga general para el jueves.

Desgraciadamente hay que contabilizar otras dos víctimas mortales que cayeron cerca de un centro de votación por disparos de escuadrones paramilitares. Estos operan habitualmente en el entorno del chavismo. Las dos personas fallecidas acercan a 100 el número de muertos desde que comenzaran las protestas diarias contra Maduro por su decisión de convocar unilateralmente para el día 30 unas seudoelecciones a una Asamblea Constituyente que, dado el sistema de candidaturas y de designación, será completamente dócil al gobernante chavista.

La cifra de votos contrarios a esta convocatoria —cuya legitimidad era objeto del referéndum— es similar a la obtenida por la oposición en las legislativas de diciembre de 2015. Esto quiere decir que sigue contando con un respaldo en la calle parecido —si no mayor, dada la precariedad de medios en la consulta del domingo— a cuando infligió la mayor derrota que ha sufrido el régimen en las urnas. La oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional y se dispuso a aplicar escrupulosamente la ley —la misma impulsada por Hugo Chávez— para hacer de Venezuela un país gobernable. Durante todo este tiempo, la respuesta de Maduro ha sido ilegal y antidemocrática. Ha ignorado las resoluciones legítimas de la Cámara en la que reside la soberanía nacional. Ha acosado a sus parlamentarios. Ha utilizado ilegalmente otros poderes del Estado, como el judicial, para despojar de sus competencias a la Asamblea. Ha permitido que esta sea asaltada por elementos afines a su régimen y que sus diputados fueran desalojados a golpes. Y ahora pretende crear una Cámara paralela.

Algunos importantes países del continente americano, como EE UU, Canadá y México, ya han reconocido la legitimidad de la votación del domingo. España, que ha jugado un papel muy importante en la excarcelación —aunque sigue bajo arresto domiciliario— del preso político opositor Leopoldo López, debería también pronunciarse al respecto.

Además, y por coherencia, por amistad hacia el pueblo venezolano y por compromiso con los valores democráticos, el Ejecutivo español debería exigir a Maduro la suspensión de la votación convocada para el próximo día 30. Se trata de un montaje que en nada va a ayudar a mejorar la dramática crisis de Venezuela y que solo servirá para enquistar la insostenible situación. Hay que hacer saber a Maduro que, si sigue adelante, su régimen sufrirá sanciones internacionales. No debe ser el pueblo venezolano el único que pague los platos rotos.