¿Invertir o gastar en defensa?

Todos los países miembros de la OTAN aceptaron en la cumbre de Gales de 2014 aumentar sus presupuestos de defensa. La decisión se adoptó a petición de la Administración de Obama y debido al deterioro del contexto estratégico tras la anexión rusa de Crimea, la guerra en Ucrania y la declaración del califato por el Daesh. El compromiso era llegar al 2% del PIB en 2024, del que un 20% se dedicaría a mejorar las capacidades.

Este jueves se reunirán en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno para recibir al nuevo presidente de Estados Unidos, una tradición en la OTAN, y aunque no tenga formato de cumbre, la nueva Administración estadounidense va a aprovechar la ocasión para pedir a sus aliados que detallen sus compromisos por escrito. Se les va a pedir que en los próximos meses expliquen cómo piensan ir cumpliendo con los compromisos presupuestarios adquiridos. También qué nuevas capacidades van a adquirir con esos fondos y, además, cómo van a contribuir a las operaciones militares. El objetivo del 2% no mide objetivamente el esfuerzo de defensa de un país, pero parece innegociable porque sirve políticamente para demostrar a las opiniones públicas como la estadounidense que sus aliados no viven a su costa. También lo parece el plazo y, aunque se admita cierta flexibilidad, se van a pedir calendarios concretos de aproximación plurianual para evitar que el cumplimiento se aplace al último momento. En paralelo a la planificación presupuestaria se solicita a los aliados que identifiquen en qué capacidades van a invertir el dinero nuevo. Capacidades que tienen que casar con las aprobadas por los aliados y que no solo consisten en equipos militares, sino en los componentes de doctrina, formación, alistamiento y sostenimiento que garantizan su operatividad. El tercer elemento a considerar es el de la contribución de cada aliado al despliegue de las operaciones aliadas.

El Gobierno español aceptó el compromiso en 2014 y ha reiterado su voluntad de cumplirlo, aunque no ha dicho todavía cómo y cuándo (tampoco lo han hecho los demás aliados). Estando a la cola de gasto entre los aliados con menos de un 1% del PIB, España deberá ahora hacer más esfuerzo. En los años transcurridos ha dejado de recortar el gasto como venía haciendo, pero su aumento real posterior ha sido muy limitado (2,2% en 2014, -2,3% en 2015 y 1,5% en 2016 sobre presupuesto inicial y sin incluir los grandes programas de armamento), por lo que el incremento a realizar será mucho mayor.

Ello plantea al Gobierno serios problemas. Primero, de comunicación, porque tiene que explicar las razones que lo justifican. Una justificación que otros Gobiernos ya han acometido hace tiempo en clave de seguridad nacional, europea o atlántica, aprovechando las amenazas de Rusia, los atentados, el yihadismo o la inestabilidad en Oriente Próximo y el norte de África. La comunicación tiene que explicitar la situación estratégica diferenciada de España ante esas amenazas y su repercusión en la defensa territorial, la proyección de fuerzas o la contribución a la seguridad internacional. Sin esta interiorización del compromiso se entenderá que el incremento se atiende por imposición y no por necesidad, lo que dificultaría su comprensión y trámite.

El esfuerzo español tiene que lograr el impulso transformador que se necesita en el nuevo escenario

En segundo lugar, doblar el presupuesto de defensa producirá un impacto brutal sobre la estructura de fuerzas y el sector industrial que tienen que asimilarlos. A menos que el Gobierno atine con los objetivos, el esfuerzo presupuestario no añadirá a la capacidad de defensa actual y a la economía nacional el impulso transformador que precisan ante el nuevo contexto estratégico. Al igual que otros aliados, tendrá que programar en colaboración con partidos, industria y sociedad civil en qué se debe invertir el dinero. Tratándose de una programación plurianual, el Gobierno tendrá que pactar con los anteriores la justificación estratégica, los objetivos y el calendario. El pacto permitiría estabilizar el presupuesto de defensa y compartir la responsabilidad de las inversiones a cambio de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los procesos de planeamiento militar.

Si el Gobierno consigue progresar en la comunicación estratégica y en la programación concertada de presupuestos, capacidades y contribuciones, podrá flexibilizar el cumplimiento de los objetivos. De lo contrario, quedará en evidencia ante sus aliados y el esfuerzo será más un gasto que una inversión en defensa.

Félix Arteaga es investigador principal de seguridad y defensa en el Real Instituto Elcano.