¿Hay que pinchar la burbuja del alquiler?
Las grandes ciudades se plantean la necesidad de establecer mecanismos para frenar la subida desbocada de alquileres
En estos momentos hay miles de inquilinos que están temblando. Se acerca la renovación del contrato del alquiler y temen subidas que les expulsen de la vivienda. Solo en Barcelona, este año vencen 44.000 contratos de alquiler firmados tras el cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013. La nueva norma establece que la duración del contrato será de tres años. Muchos vencen ahora y el propietario tendrá la oportunidad de subir la renta.
Allí donde el mercado permanece estable, los inquilinos no tienen nada que temer. Pero en ciudades como Barcelona o Madrid, donde los precios se han disparado desde 2013, el final del contrato puede acabar en lo que algunos expertos ya han bautizado con el nombre de desahucios invisibles. Es decir, la expulsión del inquilino por incapacidad para hacer frente a la subida. Los alquileres en Barcelona y Madrid han alcanzado este año máximos históricos, con subidas en 2016 del 15,6% y el 16,5% respectivamente.
El problema es la velocidad a la que crece la burbuja de los alquileres. Este es el contexto en el que esta semana se ha presentado un nuevo agente social que nace con el propósito de incidir sobre esta realidad: el Sindicato de Inquilinos de Barcelona. Su agenda inmediata es lograr la modificación de la ley de alquileres, para que en lugar de tres años el contrato dure cinco, y promover un sistema de control público de los precios que fije topes legales a las subidas. Esta es una medida que levanta tantas expectativas entre los damnificados por la subida como resistencias entre los propietarios de viviendas en alquiler.
¿Hay que pinchar la burbuja del alquiler? Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como el de Madrid han defendido la necesidad de establecer estos topes, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas que tratan de frenar la expulsión de sus habitantes con menor poder adquisitivo. París y Berlín son los modelos de referencia. Las dos implantaron una nueva regulación en 2015. Berlín tenía desde hacía tiempo un sistema de precios de referencia, pero no era vinculante y el sistema se reveló incapaz de sujetar las subidas cuando los ahorradores buscaron en la inversión inmobiliaria la rentabilidad que no ofrecen los depósitos bancarios. París ya tenía los alquileres por las nubes. En Berlín los nuevos contratos no pueden exceder más de un 10% el precio de referencia, pero este límite no afecta a los alquileres anteriores que superen el tope. En París, en cambio, la subida no puede ser superior al 20%, pero ese límite afecta también a los contratos vigentes, de modo que los inquilinos pueden reclamar una rebaja.
Ambos modelos presentan limitaciones y efectos secundarios, entre ellos la conformidad de muchos inquilinos con precios superiores por temor a empeorar. Los detractores afirman que los topes son injustos, porque impiden a los propietarios obtener la rentabilidad que el mercado ofrece y además genera un mercado negro difícil de controlar. El debate está abierto. No cabe duda de que es un tema del que se hablará, y mucho.
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