La extraña apatía del CGPJ

Las conversaciones de Eduardo Zaplana e Ignacio González captadas por orden judicial echan una preocupante sombra de duda sobre la credibilidad de algunos nombramientos de jueces, por un lado, y, por otro, sobre la existencia de una magistrada de la Audiencia Nacional que pudo advertir a algunos de los investigados respecto a las escuchas a que estaban siendo sometidos.

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Las dos sospechas son tan graves que resulta inexplicable que el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, no hayan anunciado aún la apertura de diligencias informativas para determinar qué hay de cierto en esas acusaciones. Más aún porque antes del 1 de junio, el CGPJ debe nombrar al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska, y hay que descartar completamente que entre los seis candidatos se pueda encontrar la magistrada autora de semejante fechoría.

El CGPJ tiene la obligación de velar por la credibilidad del sistema judicial, e ignorar la polémica sobre la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, que investiga, entre otras cosas, los delitos económicos cometidos por grupos criminales, significa un grave incumplimiento de ese papel. Asombra que no lo entienda su presidente y también que los vocales encuadrados en el llamado sector progresista no hayan reaccionado ante esa pasividad, presentando ellos mismos una moción en ese sentido. El Consejo tiene que averiguar a qué se refieren los investigados por casos de corrupción cuando hablan de jueces “rogelios” a los que se puede apartar de la investigación de determinados casos de corrupción, aunque solo sea ofreciéndoles otros puestos, más amables y remunerados en el extranjero. Porque quien autoriza oportunamente esos cambios es, precisamente, el CGPJ.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dirige la institución, según sus críticos, de manera presidencialista. En su momento, apostó por dividir los 20 vocales que lo integran entre los 5 que forman parte de la Comisión Permanente, elegidos por el Pleno a propuesta del presidente, y los 15 que solo actúan a tiempo parcial y que incluso para viajar a Madrid o consultar determinados expedientes deben pedir autorización expresa. El argumento fundamental era el aumento de la eficacia, pero en la práctica esa fórmula ha llevado también a un funcionamiento muy peculiar; a Lesmes se le reprocha no tanto que fuera asiduo profesor de los cursos organizados por la FAES, bajo la batuta de Aznar, como su autoritarismo personal. Ese rasgo de carácter se notó mucho cuando, hace pocas semanas, envió una breve nota a la presidenta del Congreso negándose a que el magistrado Daniel de Alfonso compareciera ante la comisión que investiga la escandalosa conversación del jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña con el entonces ministro de Justicia, Jorge Fernández. Tuvo que ser un informe contundente del diputado del PNV Mikel Legarda el que dejara claro lo que debió haber sido evidente para todo un presidente del Tribunal Supremo: que no se trataba de una invitación, sino de una orden y que De Alfonso estaba obligado a comparecer por su actuación cuando ocupaba un cargo público.

Todo el mundo es muy consciente de la influencia que tendrá Lesmes en la elección de presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y también en los cambios que tiene que haber en la Sala Segunda del Supremo, a donde terminan llegando los casos de aforados. Por eso mismo, sería lamentable que antes de producirse movimientos en lugares tan sensibles no se investigara qué ha ocurrido. Tiene razón el magistrado emérito Martín Pallín cuando pide que se abran diligencias informativas y se despeje la sospecha.