Esperanza salarial

Los agentes sociales y el Gobierno deberían tener para este año una prioridad: articular una política de rentas que consolide los aumentos salariales en las empresas lo más cerca posible de la inflación prevista y permitir que, aquellas compañías que se lo puedan permitir, eleven sus salarios de forma que crezca la capacidad adquisitiva de sus empleados. Las patronales CEOE y Cepyme están aproximando sus ofertas a las peticiones de las organizaciones sindicales; recientemente hicieron saber a los sindicatos que podrían considerarse subidas salariales para 2017 entre el 1% y el 2,5%. UGT y CC OO piden entre el 1,8% y el 3% y reclaman además revisión salarial. Aunque no hay acuerdo, las posiciones están más próximas.

El trasfondo del mensaje empresarial es que la situación está mejor que dos años atrás. Este reconocimiento es importante, porque permite fijar un punto de partida para una recuperación salarial a medio plazo. Cuando se consigan ganancias de poder adquisitivo se podrá argüir que la recuperación económica se ha filtrado hacia un mayor bienestar social. Pero, aunque los indicios son buenos y mejoran cada día, todavía hay una distancia importante hasta que llegue ese momento.

El Banco de España considera que los salarios no ganarán poder de compra hasta el año 2020. Su disposición a las subidas salariales es la más conservadora: no deben superar el IPC y, en todo caso, deben estar relacionadas con aumentos de productividad. Todo eso es correcto, pero no deja de ser una aproximación estadística. Porque de lo que se trata precisamente es de que las empresas ganen productividad no solo a través de reducciones salariales o pérdidas de poder adquisitivo, sino también a través de inversión tecnológica, mejoras en la formación, liberalización de los mercados y aumento en el tamaño de las empresas.

La política de rentas no puede dejarse solo en manos de los agentes sociales, porque en tal caso nunca podría superar el estrecho círculo que se agota en salarios por debajo del IPC. El obstáculo principal que se opone a un crecimiento salarial compatible con una recuperación que alcance a una mayoría de asalariados es que la salida de la recesión se ha conseguido gracias a un descenso acusado de la productividad, como han explicado los organismos internacionales que analizan la evolución de la economía española. Por tanto, el Ministerio de Economía y Competitividad tendría que plantearse el siguiente paso en la fase actual de crecimiento económico: elevar la productividad para permitir crecimientos salariales sostenidos.