Cuidar el empleo de PSA Opel

Las compras y fusiones entre las grandes firmas automovilísticas no son operaciones neutras. Suelen tener consecuencias a corto o medio plazo sobre la inversión en terceros países y sobre el empleo. PSA Peugeot ha comprado Opel y Vauxhall a General Motors (GM) por 2.200 millones de euros. El sentido empresarial de la operación es complejo. De la mano de GM, Opel ha acumulado unas pérdidas agregadas de 15.000 millones de dólares desde 1999; la probabilidad de que PSA consiga que la firma comprada tenga beneficios operativos en 2020 no es elevada. Por otra parte, la suma en Europa de Peugeot y Opel configura el segundo grupo automovilístico por producción.

Es inevitable interpretar que el sentido de la operación consiste en aumentar el tamaño del grupo francés para dificultar cualquier operación futura de compra por parte de una automovilística más grande. El movimiento de GM, visto desde Europa, responde a lógicas más nítidas: aceptan que no han conseguido remontar los resultados de Opel y se repliegan prudentemente, bajo la mirada ceñuda de Trump, hacia su mercado nacional a la espera de que cambien o se ablanden los parámetros proteccionistas o simplemente mercantilistas de la nueva administración.

Dada la situación del balance de Opel y los propósitos de su nuevo dueño, el Gobierno debería estar atento a cualquier indicio de recorte de inversión y empleo en las plantas españolas del grupo. Peugeot ha anunciado que no hará ajustes en España, con la coletilla añadida habitual de “en función de la competitividad”. Con eso debería bastar. Pero hay que contar con la tentación de recuperar los resultados de Opel mediante recortes en terceros países. Esto es lo que tiene que prevenir el Gobierno español, en negociación directa con la firma francesa, en atención a que el automóvil y sus empresas auxiliares son una pieza importante en el crecimiento económico. No tanto como el turismo, pero casi.