Un problema de todos

Que la mitad femenina de la humanidad continúe sufriendo discriminación por razón de sexo, incluso en los países más avanzados, no solo es una injusticia inaceptable sino una rémora para el progreso social y económico. Todavía hemos de lamentar graves dificultades de acceso de las mujeres a la educación y al mundo laboral. Pese a los avances de los últimos años, no debemos olvidar que aún hoy dos tercios de las personas analfabetas son mujeres, y que la tasa de población activa femenina es persistentemente inferior a la de los hombres en todo el mundo, incluidos los países más avanzados.

Desperdiciar el talento, la preparación y la capacidad de las mujeres supone malbaratar recursos sociales y económicos sin otra justificación que el mantenimiento de un statu quo milenario cuya inercia se revela como un muro mucho más duro y persistente de lo que se había creído. La prueba es la dificultad con la que se avanza en la paridad, tanto en el ámbito laboral y profesional como en el de la representación política, incluso en los países que hace tiempo que han legislado para conseguirla. La brecha salarial sigue siendo una realidad que hace que el salario de las mujeres sea un 24% inferior, de media, al de los hombres por igual trabajo y solo uno de cada cinco parlamentarios en el mundo son mujeres.

Hace tiempo que sabemos que legislar contra la discriminación es una condición necesaria pero no suficiente para lograr la paridad. Y ahora hemos comprobado también que se puede incluso retroceder. En los países desarrollados, la creciente desigualdad social afecta especialmente a las mujeres. El resultado es una mayor feminización de la pobreza que, de no tomarse medidas correctoras, actuará como un factor de perpetuación de la desigualdad. En España y otros países golpeados por la recesión, las mujeres están saliendo de la crisis en peores condiciones de las que entraron. La tasa de actividad femenina es menor, sufren mayor tasa de paro y comparten con los jóvenes peores condiciones de trabajo: una mayor temporalidad y mayor proporción de empleo a tiempo parcial obligado. Precisamente por la importancia que tienen para los objetivos del milenio el trabajo y la independencia económica de las mujeres, la agenda 2030 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas hace especial énfasis en las políticas destinadas a evitar la discriminación laboral.

Pero todavía hay una realidad más lacerante que esa discriminación: la violencia física o psicológica. Por ejemplo, la violencia que han sufrido los 120 millones de mujeres sometidas a mutilaciones genitales o los 12 millones de niñas y jóvenes que son raptadas y vendidas cada año para ser explotadas como esclavas sexuales. A las que hay que añadir los millones de mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas. Pese a la mejora que ha supuesto en España la aplicación de la ley contra la violencia de género, hay signos de alarma. El repunte que ha experimentado el número de asesinatos este comienzo de año debe llevarnos a buscar formas más eficaces de intervenir. En todo caso, ni la violencia ni la discriminación laboral y de representación política son un problema que concierna solo a las mujeres, aunque ellas lo sufran directamente. Es un problema que atañe a toda la sociedad.