Turquía se ‘putiniza’

Erdogan ha aprovechado el abortado golpe de Estado militar del 15 de julio de 2016 para organizar, el 16 de abril, un referéndum que pretende remodelar la Constitución de Turquía. El nuevo régimen, hiperpresidencialista, entrega todos los poderes al jefe del Estado. Este podrá legislar por decreto, suspender el presupuesto, declarar el estado de excepción y nombrar a todos los cargos del Estado, incluida la magistratura. El presidente será asimismo el jefe de las Fuerzas Armadas y de los servicios secretos, mientras sigue manteniendo la dirección del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Todo contrapoder queda suprimido: los ministros solamente serán responsables ante al presidente; el Parlamento quedará relegado a una figura meramente decorativa; la justicia se verá privada de toda independencia.

En conjunto, la nueva Constitución no solamente abolirá la democracia sino también los principios sobre los cuales Mustafá Kemal refundó en 1923 la Turquía moderna sobre las ruinas del imperio otomano: el laicismo, la separación de los poderes político y religioso. Creará una “democradura” —una democracia formal siendo de facto una dictadura— islámica, cuyo símbolo es el extravagante palacio presidencial, de un coste superior a los 600 millones de dólares, que Recep Tayyip Erdogan ha hecho edificar en Ankara para celebrar su propia gloria.

El golpe de Estado legal comenzó a la mañana siguiente de la tentativa del golpe fallido. Más de 45.000 personas, entre ellas 59 diputados del partido prokurdo HDP y 162 periodistas, han sido encarceladas con la arbitrariedad más absoluta. Más de 160.000 funcionarios han sido despedidos, entre ellos 3.840 jueces, unos 30.000 maestros y 4.500 universitarios. Simultáneamente, se han cerrado 2.100 escuelas y universidades, así como 149 medios de comunicación. Se aplica un régimen de censura en la enseñanza, en los medios y en las redes sociales, del que ni siquiera se libra Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura. En el terreno económico, se han confiscado alrededor de 10.000 millones de dólares en activos y se han entregado a oligarcas cercanos al presidente, mientras que las sociedades cotizadas eran transferidas al fondo soberano con el fin de financiar las grandes obras decididas por el jefe del Estado: el tercer aeropuerto de Estambul, el segundo canal del Bósforo y las líneas ferroviarias de alta velocidad.

De este modo, Turquía presenta todos los rasgos de la “democradura”, cuyo modelo ha elaborado Vladímir Putin: centralización de todos los poderes en manos de un hombre fuerte rodeado de un culto a la personalidad; fusión del Estado, del partido dominante, del Ejército y de los servicios secretos; control de la economía por oligarcas vinculados personalmente al jefe del Estado, etcétera.

La nueva Constitución no solamente abolirá la democracia sino también los principios en base a los cuales Mustafá Kemal refundó en 1923 la Turquía moderna

La “democradurización” de Turquía tiene importantes consecuencias. La economía decae, al tiempo que se aísla de los mercados y de las finanzas internacionales. La recesión se instala desde finales de 2016, en un contexto de disminución de las exportaciones y de la caída del turismo en más de un 30%. La estanflación se impone, con una inflación del 8% y un desempleo que alcanza a más del 12% de la población activa. La libra turca ha perdido el 20% de su valor en un año y los capitales huyen masivamente del país. Simultáneamente, la paz civil ha desaparecido con la división y la polarización de la nación, la multiplicación de los atentados islamistas y la reanudación por parte de Ankara de los enfrentamientos armados con los kurdos.

En el orden internacional, Turquía participa de los esfuerzos desplegados por Rusia para crear una liga de las “democraduras” contra las democracias. De manera concertada con Moscú y Teherán, promueve una partición de Siria en zonas de influencia, y trata de certificar la salida de Estados Unidos de Irak con el fin de reconquistar el Kurdistán. Por otro lado, instrumentaliza a los refugiados para presionar a la Unión Europea, sobre todo, y no sin éxito, a Alemania.

La triple ruptura de Erdogan con la democracia, con Occidente y con la modernidad exige clarificar su estatus con relación a la OTAN y sobre todo con relación a las instituciones europeas. La acogida de los refugiados debe ser objeto de una ayuda financiera consecuente. Como contrapartida, a Europa le conviene tomar nota de la desaparición de toda comunidad de destino o de valores con Turquía, interrumpiendo el proceso de adhesión a la Unión y suspendiendo su participación en el Consejo de Europa.

Nicolas Baverez es historiador.

Traducción de Juan Ramón Azaola.