Explicaciones insatisfactorias

El fiscal general José Manuel Maza compareció ayer en el Congreso para dar explicaciones sobre la presunta injerencia de la fiscalía en el caso del presidente de Murcia y por el malestar que produjo su decisión de relevar a 28 titulares del ministerio público la pasada semana. Eran asuntos que exigían ser aclarados. Como lo era que no quedaran dudas sobre la denuncia del sustituido fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, de que había sido intimidado y presionado por sus superiores cuando se querelló contra el presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez; o sobre la negativa de la anterior responsable, Consuelo Madrigal, a hacer los nombramientos que Maza sí puso en marcha.

Sin embargo, el fiscal general se limitó a ofrecer indicaciones técnicas sobre el ministerio público y, solo después, ante la presión de los diputados, explicó que aunque tiene una “preeminencia especial” en asuntos de corrupción, “interviene sin atender a la condición o ideología de la persona acusada”. Las cuestiones suscitadas sobre los relevos y otros asuntos las despachó de forma elusiva: “no hubo purga”, “no me han impuesto nada”, se aplican “los criterios legalmente establecidos”.

Vagas generalidades que nada aclaran sobre la manera de funcionar de una institución que está directamente subordinada al ministro de Justicia, y que ha de ocuparse de gravísimos asuntos —como el de la corrupción— en los que aparecen implicadas personas que están, o han estado, vinculadas al partido en el Gobierno. Cuando, como en estas últimas semanas, están pasando por los tribunales asuntos esenciales que afectan medularmente al funcionamiento del sistema, el trabajo de la fiscalía no solo debe ser intachable, sino que debe parecerlo. Maza ha desaprovechado una oportunidad para reforzar la credibilidad de una institución esencial en un Estado de derecho pero cuya credibilidad está en entredicho ante la ciudadanía.