Es cuestión de voluntad

El inicio del año ha traído el arranque definitivo de una legislatura de la que puede resultar cualquier cosa. Se ha generado un extraño equilibrio entre un Gobierno soportado por un partido en minoría y un Congreso de los Diputados poliédrico en el que todos deben jugar a sumar fuerzas con los rivales para lograr validarse como opción ante un electorado significativamente desencantado. Mientras tanto, en la calle amplias capas de la sociedad demandan soluciones concretas a la precariedad laboral y social que se ha establecido en sus vidas.

Entre las muchas realidades que tienen que afrontarse desde este Parlamento en permanente negociación, se encuentra sin duda la realidad migratoria. Con crisis económica o sin ella, la inmensa mayoría de quienes llegaron a España desde los años noventa siguen siendo parte del país. Al mismo tiempo llegan nuevas personas buscando mejorar sus oportunidades vitales. Estas nuevas llegadas son en su mayoría tan discretas como lo fueron anteriormente, pero siguen existiendo y con más dureza aún las insufribles realidades de la Frontera Sur española. Las costas y los naufragios, las vallas de Ceuta y Melilla con su violación de la legislación internacional y por supuesto la situación de las personas refugiadas dentro y fuera de la Unión Europea.

Paradójicamente el Fondo Monetario Internacional nos recuerda una vez más que las migraciones pueden ser oportunidad de desarrollo social y económico siempre y cuando se gestionen de forma adecuada, poniendo el foco en las políticas de inclusión. No es que el FMI tenga una autoridad moral incuestionable en esto del desarrollo social pero por eso mismo sirve para ejemplificar lo evidente. Las migraciones son una constante de este modelo mundial que hemos construido. Para los países enriquecidos puede resultar una verdadera oportunidad pero para que esto sea posible es imprescindible entender al migrante como persona y como parte de la sociedad.

Mantenemos un modelo de gestión de las migraciones tremendamente hipócrita

Por desgracia mantenemos un modelo de gestión de las migraciones tremendamente hipócrita. Es evidente que las miles de personas que llegan cada año a España van a acabar siendo ciudadanía e incluso se convertirán en nacionales de este rincón del mundo. Los más de 25 años de recepción de población migrante en el país son prueba más que suficiente de ello. A pesar de eso mantenemos y reforzamos un modelo de gestión de la entrada en el país que condena a la irregularidad durante años a ciudadanos que acabarán siendo parte de la sociedad práctica y reglamentariamente. ¿Puede este Parlamento hacer algo para mejorar una gestión tan absurda?

Sinceramente parece que sí. La coyuntura actual permite que si existe compromiso con lo recogido en los programas electorales, se pueda avanzar de forma significativa sin por ello caer en posturas maximalistas ni pecar de lo que alguien llamaba el buenismo revolucionario. Se trata simplemente de entender que hay principios irrenunciables como son el respeto a los Derechos Humanos, la legislación internacional y, en resumen, la dignidad humana.

Estos avances bien podrían recogerse en cuatro puntos de agenda que marcasen un progreso y una dignificación de nuestra política migratoria.

• En primer lugar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Ha llegado el momento de reconocer que los CIE son una vergüenza para un Estado que quiere llamarse democrático. No existe institución internacional que los respalde y se acumulan las denuncias sobre ellos de jueces de control, instituciones como el Defensor del Pueblo o de las entidades sociales que los visitan. Su única función parece ser generar experiencias “traumáticas” a quienes van a acabar siendo parte de la sociedad. El número de internos promedio al año, algo más de 6.000 es irrelevante si miramos las cifras reales de las migraciones en España que se cuentan por cientos de miles. Sólo existen por un empecinamiento de los sucesivos Gobiernos y porque su cierre, que estamos seguros llegará antes o después, implicará el reconocimiento del absurdo de buena parte de nuestro sistema de control fronterizo.

• En segundo lugar pero igualmente triste, las devoluciones en caliente. Practicadas por gobiernos de distinto signo político y ahora mal enmascaradas en la disposición adicional décima metida con calzador en la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que sigan siendo habituales supone renunciar a cumplir con la legislación internacional para personas que se encuentran en territorio español y una vergüenza ante la opinión pública de medio mundo. Derogar el texto legal que intenta darles cobertura es un paso sencillo y recogido en programa electoral por varios partidos, pero controlar lo que ocurre en las fronteras de Ceuta y Melilla y garantizar el respeto a la legislación internacional y el derecho de asilo es el verdadero reto de este Parlamento.

• La tercera propuesta bien podría ser el refuerzo a la protección a víctimas de trata. Un refuerzo que recae directamente sobre el Parlamento como eje fundamental del poder legislativo pues la mayor reivindicación de los colectivos sociales es la creación de una Ley de protección para las víctimas de trata. Según datos policiales, España es puerta de entrada cada año para decenas de miles de personas que están siendo traficadas. No contar con una legislación específica de protección que asegure el derecho efectivo a la denuncia y de seguridad a la víctima es en más de un sentido mirar para otro lado con una realidad tan sangrante. ¿Hace falta un debate político para ello?

• Finalmente, y dado que hay que priorizar. Ya que la llamada crisis de los refugiados ha puesto esta realidad en el centro de la atención mediática sería deseable que el Estado fuese más allá de ser un mero gestor de fondos europeos. La política española de protección internacional ha sido tremendamente deficitaria. El reconocimiento del derecho a la protección internacional llegaba a duras penas a 530 personas en 2013 para un país de más de 45.000.000 de habitantes. Bien podría servir la actual crisis para que España reformase su política de asilo, desarrollase recursos públicos suficientes y asumiera su responsabilidad para con las personas que huyen de situaciones de violencia extrema. De lo contrario corremos el riesgo de que acabada la situación de emergencia nada haya cambiado y sigamos siendo la cola de la protección internacional en Europa.

Estos cuatro puntos son en realidad modestos y muy viables. Esta legislatura de pactos y equilibrios puede ser una buena oportunidad para lograrlos. Su consecución, lejos de suponer una revolución en la gestión de las migraciones en España, sería simplemente un reconocimiento de que los Derechos Humanos y la dignidad de las personas también son tomados en cuenta. En manos de este Parlamento está dar el paso y en la de los colectivos sociales insistir para que sea posible.

José Miguel Morales García es secretario general de Andalucía Acoge.