Desafíos del turismo

El mercado turístico parece ser una de las pocas actividades económicas que no está en fase de estancamiento o en crisis. Las estadísticas correspondientes a 2016, conocidas poco antes de que se inaugure la feria turística FITUR, describen un crecimiento mundial del número de visitantes de casi el 4%, hasta un volumen total de 1.235 millones de turistas. España, que oscila entre el tercer y el cuarto puesto global en importancia turística, registró el año pasado varios récord: en número de visitantes (más de 75 millones) y en dinero gastado por esos visitantes (77.000 millones).

No es difícil inferir que el crecimiento turístico español, impulsado por la crisis de seguridad en destinos competidores (norte de África), explica una parte significativa del crecimiento económico y del empleo. El éxito de un país en este campo depende de tres factores básicos. El primero tiene que ver con las condiciones climáticas (en España, sol y playa). El segundo apela a la seguridad, cuyo mayor enemigo es el terrorismo (de ahí el hundimiento de algunos países competidores), pero también, en menor escala, la delincuencia y la masificación.

Y es aquí precisamente donde interviene el tercer factor, que es la inversión, estrechamente relacionada con un ordenamiento mínimo del mercado. Aprovechar el turismo como fuente de ingresos no consiste en dejar que entren los viajeros, cuantos más mejor, y acomodarlos en las infraestructuras (hoteleras, transportes, servicios) existentes o aleatoriamente distribuidas, sino en promover una política de inversiones (privadas y públicas) que impida el estrangulamiento de los servicios. Una política turística implica disponer de suficientes alojamientos hoteleros, buena red de transportes, servicios comunitarios aceptables e incentivos para atender no sólo al visitante de sol y playa, sino también al que prefiere el ocio cultural, deportivo o gastronómico. Durante décadas se ha insistido en la conveniencia de incentivar el turismo cultural, propio de rentas más altas, pero no es evidente que esto se haya conseguido. Es probable que en la lentitud de este cambio o mejora del modelo influya la descoordinación entre los Gobiernos central y autonómicos.

En el cuidado del turismo tienen un papel decisivo los Ayuntamientos. No solo porque a ellos les corresponden tareas básicas, como cuidar de la seguridad, la higiene pública o la red de transportes, sino porque tienen que cuidar de que no se produzcan concentraciones agobiantes en determinados espacios y de que se respeten normas cívicas elementales. Les toca ordenar la vía pública (las calles y plazas más turísticas de ciudades como Madrid y Barcelona aparecen cegadas por terrazas e intransitables por el tráfico irregular de bicicletas y segways), evitar el mercado negro de alojamientos, limitar el turismo de borrachera y ordenar las inversiones para el cumplimiento de estos fines. Esto es turismo sostenible.

Todo lo anterior confluye en el eventual recurso a las tasas turísticas. Son un factor de regulación del mercado y de financiación de infraestructuras. Por eso es tan importante que el Gobierno y las autonomías debatan sobre un esquema de tasas sencillo, homogéneo y no disuasorio.