Un referéndum ciudadano bastante peculiar

Una de las medidas más atractivas que el gobierno municipal de Manuela Carmena ha puesto en marcha desde que llegó a la Alcaldía de Madrid a mediados de 2015 fueron las consultas populares para que los ciudadanos pudieran decidir qué tipo de ciudad quieren para el futuro. Si antes se hubiesen organizado esta clase de sufragios participativos y vinculantes, a lo mejor la ciudadanía habría vetado la demolición del bello palacio de Lorite, la destrucción de decenas de palacetes en la Castellana, la construcción de vías de circulación que rompen la estética de la ciudad o dudosas inversiones que no reportan nada a la capital.

Con esta encomiable premisa, el equipo de Ahora Madrid se dirigió a los ciudadanos en octubre del año pasado y les propuso que eligieran entre 70 proyectos de reforma de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: la plaza de España. Para el cierre al tráfico de la Gran Vía o la paralización de la Operación Chamartín, de momento, no hay consulta. Bien es verdad que la llamada de la regidora tuvo, en realidad, escaso eco: poco más de 45.000 personas participaron en las dos primeras votaciones. Se celebró una para decidir las líneas generales que debía tener el proyecto de la plaza y una segunda para determinar cuáles de los 70 planes propuestos eran los que gozaban de más aceptación entre los madrileños. En esta última consulta, participaron unos 7.000 residentes mayores de 16 años.

Con independencia de que sean muchos o pocos los que decidieron enviar su voto de manera telemática o acercarse a una urna, lo más llamativo ha sido el desenlace del referéndum. Los madrileños eligieron, por este orden, los siguientes proyectos: Pradera urbana (903 votos) y The Fool On the Hill (784). Por detrás quedaban otras propuestas que lograron una horquilla de entre 400 y 100 respaldos.

Finalmente, un jurado —integrado por profesionales del urbanismo, la arquitectura, el paisajismo, la eficiencia energética y otras materias relacionadas con la ciudad— sería el encargado de seleccionar entre los más votados los dos que llegarían a la final. Su sorprendente decisión —no porque les falten razones técnicas— fue elegir dos que no coincidían con las preferencias de los ciudadanos. Consideraron que los mejores eran los que habían quedado en tercera y décima posición.

Por eso, cuando el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, afirmó que “para votar se necesitaba un mínimo de interés” y que “no todas las personas iban a estudiarse 70 proyectos”, la pregunta que queda en el aire es: ¿para qué se convoca entonces una consulta que no tiene en cuenta la decisión final ciudadana y cuya organización puede llegar a costar hasta 600.000 euros? A lo mejor habría sido preferible que los expertos hubiesen seleccionado dos proyectos y que, finalmente, los ciudadanos decidiesen entre ellos. Pero, posiblemente, al jurado tampoco le habría gustado lo mismo que a los madrileños.