Un disfrute democrático y equitativo de la ciudad

Todos los días se publican noticias sobre conflictos suscitados en el espacio público: desde protestas sociales hasta disputas por los usos de estos lugares (venta callejera, cuidacoches, etc). En los últimos años, estos lugares fueron objeto de violencia extrema por medio de atentados terroristas y generaron pánico a los lugares abiertos. Esta variedad de situaciones hace que el espacio público, sus características, quienes transitan o permanecen en ellos sean objeto de nuevas políticas públicas, de control y de debate en los medios de comunicación.

Se considera que para que nuestras urbes sean realmente inclusivas, se deben fortalecer la convivencia social y el rescate, la ampliación, mejora y cuidado de espacios públicos y abiertos a todas y todos. Sin embargo: ¿qué está pasando hoy en los espacios públicos, qué discursos y políticas desarrollan las autoridades locales? ¿Estos lugares fortalecen la democracia urbana? Responder estos interrogantes no es sencillo porque pueden observarse dos tendencias contradictorias y de forma simultánea.

La primera de ellas parte de considerar peligrosos estos espacios, por lo que concluye que se necesita desplegar un control que contribuya a dotarlos de mayor seguridad. Para ello se utilizan múltiples dispositivos tecnológicos, como cámaras de seguridad o drones que muestran lo que sucede en tiempo real, cada vez con mayor precisión y alcance. Esto no siempre genera este efecto deseado, sino que puede estimular una mayor sensación de inseguridad. También se incrementa la presencia policial en calles o espacios comunes. Se está acrecentando la cantidad de personas o grupos considerados sospechosos y de esta manera en algunas ciudades se vive algo similar a un estado de sitio de baja intensidad: controles policiales de automóviles, medios de transporte colectivo, peatones, reteniéndoles sus documentos a fin de verificar la identidad, antecedentes o revisándoles sus pertenencias. En este contexto, los migrantes, las personas sin techo y los jóvenes son los principales chivos expiatorios de esta creciente paranoia social que, por otra parte, tiene como grandes beneficiarios a las empresas e industrias de seguridad.

La otra tendencia busca fortalecer el discurso de que el espacio público es el lugar de encuentro de distintos sectores sociales y, por lo tanto, el que permite la convivencia de la diversidad social. Veamos: existen muchas intervenciones de embellecimiento de centros históricos, incentivos a la patrimonialización arquitectónica y mayores ofertas culturales. Se muestra preocupación por la percepción de que los espacios públicos de uso recreativo, tales como plazas o parques, fueron abandonados por las clases medias. Se dice que estas prefieren los centros comerciales. No obstante, por ejemplo en América Latina o Europa, esto no sucede de forma taxativa. Estos lugares tienen mucha vigencia, tanto lugar de expresión política, cultural o de esparcimiento.

Pero se observa una tendencia por parte de los gobiernos locales (los mismos que postulan discursos inclusivos) a vallar de parques y plazas (restringiendo así sus horarios de uso). Al mismo tiempo, se estipula frecuentemente la prohibición de actividades económicas, tales como ferias o ventas ambulantes en algunas zonas o calles. También en nombre de la “convivencia” se busca pautar lugares y modos de protesta social y política, haciendo perder con ello su cualidad disruptiva. Estas manifestaciones deben ser autorizadas y hay iniciativas para prohibirlas en ciertos lugares centrales de las ciudades.

También es recurrente privatizar estos espacios o utilizarlos para iniciativas público-privadas que mercantilizan aún más la vida urbana. Determinadas zonas, por lo general los centros históricos, se convierten en espacios escenificados para el turismo o se generan iniciativas de festivalización de los centros urbanos, donde las colectividades extranjeras o grupos diversos son presentados como “exóticos” e incorporados desde una perspectiva del multiculturalismo (y generador de atracción turística). En paralelo a estas políticas urbanas, se fortalece la presencia de fuerzas policiales que abordan, y en algunos casos expulsan, a las personas que se consideran “indeseables” solo por su aspecto físico, a fin de dar seguridad a la clase media o turistas que circulan por estos espacios públicos.

Estas políticas, desplegadas en la mayoría de los países de América Latina y Europa, hacen surgir la siguiente cuestión: ¿cómo pueden contribuir estos lugares a morigerar la desigualdad urbana? Para responder, hay que incorporar tres cuestiones al debate de la agenda urbana.

En primer lugar, la calidad y oferta de espacios públicos y transporte no es homogénea en cada una de las urbes. Si queremos ciudades más democráticas debemos garantizar la circulación de las personas en cada una de las zonas o barrios, tanto por la calidad y accesibilidad de los medios de transporte, como la disponibilidad y oferta diversa de lugares de esparcimiento en cada rincón de los espacios urbanos. Esto debe contemplar una igualdad de posibilidades para distintos grupos, incluyendo la perspectiva de género, étnica, de edad y personas con discapacidad.

La segunda se vincula a la falta de participación de la población en las decisiones sobre las intervenciones urbanas públicas. Se deben generar mecanismos de gestión democrática de las ciudades donde los habitantes puedan discutir sobre cada uno de los sectores de sus distritos y recuperar la mirada integral de los mismos, superando el llamado “particularismo militante”. Es decir, no se deben reproducir dinámicas donde cada grupo defienda su posición o condición urbana barrial, sino debatir decisiones colectivas que lleven a que los espacios públicos sean abiertos, seguros y que se garantice allí la diversidad de usos a lo largo de una jornada.

Por último, debemos alertar sobre las consecuencias negativas, de las formas reiteradas (más o menos sutiles o violentas) de formas de “limpieza social” que van en la línea contraria a la democracia urbana y que, por lo tanto, son inaceptables. Los migrantes son considerados como sospechosos. Los jóvenes también sufren los procesos de mercantilización, escenificación y turistificación de las ciudades y sus espacios públicos, de los que son expulsados tácita o explícitamente. No se permite allí que desarrollen formas autogestivas de cultura y deporte. Por ejemplo, en muchos casos se han destruido huertas comunitarias o espacios culturales gestionados por los jóvenes o se han censurado expresiones artísticas como murales. En algunas ocasiones estos grupos recuperaron de espacios abandonados en lugares centrales, que se transformaron es espacios de vida, proyectados comunitariamente e inclusivos, pero en muchos casos son desalojados.

Ciudad es sinónimo de espacio público. La diversidad, que es la bandera de la vida urbana está siendo reapropiada como medio de exotización de la ciudad y como mecanismo de generación de valor patrimonial y mercantilizada. La diversidad tiene que ser espontánea (no regulada) y modo de expresión de la búsqueda de la igualdad social. No se debe caer en la trampa que están generando las políticas sociourbanas, donde existen grupos “festejados”, grupos “promovidos”, grupos “tolerados” y grupos “expulsados”. La ciudad debe ser de todos.

María Cristina Cravino es directora de la maestría de estudios urbanos en la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Co-directora del Grupo de Trabajo sobre Derecho a la Ciudad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

* A través de una serie de seis columnas, las organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en América Latina, CLACSO, Habitajes, Hábitat para la Humanidad, Instituto Pólis, la Coalición Internacional del Hábitat HIC y TECHO, buscarán responder según sus miradas y experiencias particulares, cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente las ciudades en la recta final hacia la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas, Hábitat III. Esta serie de columnas se enmarca en la iniciativa que el conjunto de organizaciones lanzó en 2015: No es una ciudad si no es para todxs.