Vivir en ‘zona peligrosa’

Han pasado tres años desde que el tifón Haiyan, la tormenta más fuerte que jamás haya tocado tierra, sacudió el centro de Filipinas. La tormenta de categoría 5 dejó a su paso más de 7.000 muertos o desaparecidos, desplazando a 4,4 millones de personas y destruyendo más de un millón de casas. La mayoría en la ciudad de Tacloban, el centro económico regional de las Bisayas orientales.

El mes pasado, apenas puse pie de nuevo en Tacloban —por enésima vez— y caminé por sus calles principales, me volvió a sorprender el panorama, totalmente diferente al de la devastación total de hace tres años. La mayoría de los edificios y las carreteras han sido reparadas, las aceras están llenas de actividad urbana, y los negocios en auge, a juzgar por los nuevos establecimientos que han aparecido en casi todos los rincones. La ciudad, parece, se ha recuperado.

Sin embargo, en las afueras de Tacloban, en los pueblos costeros que se vieron más afectados por las tormentas mortales que provocó el tifón, miles de familias desplazadas siguen en el limbo. Esperan para saber si serán reubicadas en zonas más seguras o si deberán continuar como están, apenas ganándose la vida en esas "zonas peligrosas".

Desde que Haiyan diezmó las aldeas costeras de Tacloban, el gobierno de la ciudad ha clasificado todas las áreas situadas a menos de 40 metros de la costa como "zonas peligrosas" porque son propensas a inundaciones y a oleadas mortales de tormentas. En un intento de evitar otra catástrofe, los supervivientes de tifones han renunciado a regresar a esas áreas. Pero en ausencia de un lugar viable para la reubicación, miles de familias desplazadas han reconstruido sus casas improvisadas prácticamente en los mismos lugares que ocupaban antes, aunque no tengan propiedad legal sobre esas tierras.

En mis visitas a los pueblos costeros de Barangay (pueblo, en filipino) 83-A y 102, junto con Oxfam y las ONG locales asociadas a la Reforma Pesquera (NFR, por sus siglas en inglés), he conocido a grupos de mujeres, quienes me dejaron claro que, incluso a sabiendas de los riesgos de vivir en "zonas peligrosas", han optado por quedarse con sus familias tras ser sometidos a una elección inclasificable: vivienda segura o acceso a agua potable y oportunidades para ganarse la vida.

En Barangay 83-A, las mujeres se ganan la vida recolectando almejas frescas en el cercano río Burayan. Las venden en el mercado por alrededor de 40 pesos (0,70 euros) el kilo. En un buen día, pueden reunir hasta 10 kilos, lo que les alcanzará para alimentar a sus familias. Pero más a menudo, cuando llueve o simplemente no hay suficientes almejas, dependen de las ganancias de sus maridos. Estos suelen ser trabajadores temporales de la construcción o conductores de pedicab (vehículos ligeros de dos ruedas que se desplaza por tracción humana, bien a pie o a pedales) en el centro de Tacloban. Ganan menos del salario mínimo diario de 260 pesos (4,50 euros).

En Barangay 102, un pueblo de pescadores ubicado a solo tres kilómetros de los lugares de reasentamiento, las mujeres todavía optaban por no trasladarse con sus familias por temor a las consecuencias de perder su acceso a las zonas marinas que les proporcionan los ingresos necesarios. Para algunas como Iline Bonguet, de 45 años, el traslado significaba renunciar a su privilegio de poder pescar en la zona y competir con las comunidades de acogida en áreas de reasentamiento por los recursos básicos como el agua.

Mientras, para las familias que se trasladaron a los lugares de reasentamiento los problemas han sido muy reales. Saleha Badidles, de 51 años, se mudó de Barangay 83-A a un recinto llamado "SM Cares Village" en el norte de Tacloban con su hija en mayo de 2016. Me admitió que ella y otros residentes se lamentan de su decisión, tras experimentar la escasez de agua potable y de trabajos en la zona. Según Saleha, tienen suerte si pueden duchar dos veces por semana. Desafortunadamente, Saleha u otras mujeres de SM Cares Village ya no podían regresar a Barangay 83-A porque habían demolido sus refugios temporales como parte del contrato que tenían que firmar antes de reubicarse.

En otro lugar de reasentamiento llamado Villa Sofia conocí a Rómulo y Nenita Nerja, ambos originarios de Barangay 102. Acordaron ser reubicados en enero de 2016, pero desde entonces han experimentado no solo la escasez de agua, sino también problemas de acceso a la electricidad, fugas de tuberías y techos que no les protegen de la lluvia.

Un recuerdo muy vivo es cuando Rómulo me dijo: "Hemos transmitido una queja al Consejo del Pueblo y a la Oficina de Vivienda de la ciudad. Nos dicen que están haciendo todo lo posible, pero ya ha pasado casi un año y todavía no sabemos qué pasará. En cierto modo, esto todavía nos hace sentirnos como en una "zona de peligro".

De hecho, mientras los gobiernos nacional y municipal, en asociación con diferentes ONG, continúan buscando "soluciones duraderas" para sacar a las familias afectadas por Haiyan de las zonas clasificadas como peligrosas, debería haber un consenso claro de que tener una estructura relativamente robusta donde trasladarlas no es suficiente. Las personas deberían contar, como mínimo, con acceso a agua potable y otros servicios básicos. Es fundamental brindarles oportunidades para que puedan construir una vida digna para sus familias en las zonas de reasentamiento.

Sin ellas, como decían Rómulo, las familias podrían simplemente pasar de una "zona peligrosa" a otra.