VW, el desorden legal europeo

El caso Volkswagen (medición fraudulenta de las emisiones lanzadas a la atmósfera por los automóviles de la firma) está derivando peligrosamente hacia un ejemplo de mala coordinación entre la Comisión Europea y los Gobiernos de los países miembros. Bruselas acaba de abrir un procedimiento contra siete países (Alemania, España, Reino Unido, Luxemburgo, Lituania, Grecia y República Checa) porque considera que no sancionaron a Volkswagen (VW) cuando estalló el caso. La Comisión no tiene facultades para sancionar a VW; los Gobiernos, sí. Y desde la Comisión de Mercado Interior e Industria entienden que los Gobiernos se han resistido a aplicar la norma sancionadora.

No es difícil entender el motivo. En algunos países, la firma alemana mantiene inversiones que proporcionan rentas y empleo; en otros, podría instalar fábricas en el futuro. Alemania ha arrastrado de forma ostensible los pies para no perjudicar a una de sus joyas empresariales. La Comisión acierta cuando pide sanciones disuasorias para que el fraude no quede impune ni vuelva a repetirse. Pero los Gobiernos manejan una lógica distinta (y errónea): prefieren mantener las buenas relaciones con el fabricante antes que evitar la impunidad. En EE UU, VW ha tenido que aportar más de 13.000 millones de euros en compensaciones a los clientes, pero eso no le ha exonerado de ser objeto de demandas.

El procedimiento —puede acabar en multas— va para largo, pero su difusión permite comprobar que la legislación europea y la nacional están mal ajustadas. Como el delito es relativamente nuevo y de tanta gravedad, no estaría de más que Europa modificase su legislación para evitar la impunidad y, de paso, las fricciones entre Bruselas y los países. Tampoco sería un exceso que José Manuel Soria, exministro de Industria, se explicase en el Parlamento. Si hubo negligencia y el procedimiento acabara en multa, costaría dinero a los contribuyentes.