El lastre de la energía

Los mercados energéticos en España son la mejor demostración de que la política de reformas económicas proclamada durante la legislatura anterior por el Gobierno de Rajoy es una etiqueta vacía. Mientras el mercado de los carburantes sigue en el mismo estado estructural que lo dejó el último gobierno de Felipe González (precios liberalizados con regulaciones esporádicas e insuficientes para impedir el dominio de mercado y garantizar una imputación correcta de los costes que se trasladan al consumidor), el mercado eléctrico —regulado— sigue sumido en una situación caótica que se manifiesta en exceso de capacidad instalada, un precio que pesa como una losa sobre la competitividad de la producción final (en algunos casos está un 30% por encima de lo que pagan los competidores europeos por su electricidad), deficientes señales económicas para invertir y una normativa descoordinada que castiga al consumidor, impide el ahorro y produce desgracias como la muerte de la anciana en Reus debido al corte de electricidad (cuyas responsabilidades locales y empresariales tienen que depurarse) u otros de la llamada pobreza energética.

El nuevo ministerio de Industria y Energía tiene un camino muy duro por delante. Su objetivo principal debería ser el de abaratar el coste de la energía (en particular de la electricidad, por que constituye un input cuantioso en el producto final) para las empresas y para los consumidores. La estructura administrativa elegida, que ha preferido segregar las atribuciones de Energía de las de Industria (atribuidas a Economía) ya es un grave hándicap, en tanto que cercena la coordinación entre las decisiones sobre ambos ámbitos. Con todo, el gobierno tiene que enfrentarse con decisión a cambios significativos de los mercados. Incluso aunque no se atreva —que no se atreverá— a impulsar un cambio legal drástico para favorecer otra estructura en los mercados, tiene que iniciar una línea de acción en defensa de la competitividad del sistema productivo.

Unas condiciones necesarias de esa línea de acción exigen, de entrada, eliminar los impuestos añadidos sobre la generación y reducir el IVA de la electricidad al 10%. No es mediante gravámenes esparcidos por todas las fuentes de producción como se acaba con el déficit de tarifa, sino reduciendo los costes que pesan sobre el precio final del kilowatio. Con el mismo criterio, los costes de las extrapeninsulares (unos 900 millones anuales) tienen que pagarse en Presupuestos. Y, para completar la transparencia de los costes, la producción hidroeléctrica y la nuclear tienen que salir del mercado y retribuirse a sus costes reconocidos. Es producción ya amortizada por los consumidores. Si, además, se negocia algún tipo de exención de la parte de la tarifa que se paga por las renovables a las empresas más intensivas en consumo eléctrico, los próximos cuatros años no habrán transcurrido en vano.

Es importante que se admita que, en en su estructura de mercados actual, la energía constituye una rémora para la productividad empresarial y un factor de malestar creciente para el ciudadano en función inversa a la renta. La reforma de la energía es una de las olvidadas. La razón es sencilla: lleva a un enfrentamiento con los grupos energéticos.