Lo que pagó por la crisis bancaria y nunca recobrará

Un estadillo del Banco de España elevado voluntariosamente a la categoría de informe revela a los ciudadanos que el llamado rescate bancario de las entidades financieras quebradas por la incompetencia y la desidia de sus gestores (muchos de ellos políticos enquistados en consejos de administración para los que no estaban capacitados) costó 51.303 millones, de los cuales, hasta hoy, las entidades salvadas, han devuelto 2.686 millones. El 5,23%. Lo que no dice el informe es que, probablemente, el Estado, es decir, los contribuyentes, recuperarán muy poco más. La fiesta de los saqueadores que han coventrizado el sistema financiero valenciano y gallego, desmochado el catalán y jibarizado el madrileño, se pagará con dinero público.

La perplejidad no procede sólo de la magnitud del dinero público enterrado y la ínfima cantidad restituida —que también y en primer lugar, por supuesto—, porque los ciudadanos entienden que existe una distinción elemental entre bancos y cajas que, aun estando en dificultades, eran viables, y por lo tanto pueden devolver las ayudas recibidas, y el coste de las entidades que, por estar quebradas, no puede ser devuelto. Las comparaciones con otros países —el Tesoro estadounidense prestó 125.000 millones de dólares a los grupos financieros con dificultades y casi todo ese dinero se ha restituido ya— podría considerarse abusiva. La cuestión más irritante es la desenvoltura (des)informativa con que los gestores políticos tratan a los ciudadanos; consideran que los votantes son olvidadizos, menores de edad o crédulos hasta la superstición.

Cuando se decidió el rescate bancario, tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como el ministro de Economía, Luis de Guindos, insistieron terca y sospechosamente en que la corrección del desastre “no costaría un sólo euro a los españoles”. Nadie creyó entonces tan enfática aseveración, lanzada con el desparpajo de quien se considera impune, política y judicialmente; pero hoy, cuando se ha demostrado su falsedad, sería bueno que Sáenz de Santamaría y Guindos respondieran públicamente de sus palabras y, a ser posible, se retractaran avergonzados de las mismas (si es que eso se considera posible).

La magnitud de la crisis bancaria española exige una respuesta política mínima que hasta ahora brilla por su ausencia perdida en una jungla de declaraciones mostrencas y retórica de salvapatrias. Es inaceptable que todavía no se haya explicado la participación activa de una parte de la clase política en el expolio y extinción de las cajas; o que el Gobierno y el regulador sean incapaces de argumentar por qué se propuso una macrofusión esperpéntica para salvar Bankia pilotada por dos grupos al borde de la quiebra; o que nadie aclare por qué salió Bankia a Bolsa. Este Titanic financiero exige, en la jerga habitual, que se “sustancien responsabilidades”; pero la inventiva española ha descubierto el agua regia de la impunidad. Aquí, los gestores “asumen responsabilidades”, pero sin costes. “Asumir responsabilidades” consiste única y estrictamente en decirlo. El responsabilizado no se obliga a más que a la concesión verbal.