¿Qué cabe esperar después del juicio político a Rousseff?

Tras el proceso de ratificación por parte del Senado brasileño, el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff ha llegado a su trámite final, concluyendo con la interrupción definitiva de su mandato. Aparentemente, después de que el presidente interino Michel Temer asuma con plenos poderes la Presidencia de la República, la situación política en Brasil saldrá de la parálisis decisoria en la que se encontraba sumida desde la toma de posesión de Rousseff en enero de 2015. Esto no significa, sin embargo, que la solución dada por las instituciones brasileñas pueda considerarse satisfactoria y que no existan consecuencias del deterioro del régimen democrático a corto y medio plazo. Tampoco significa que los problemas más acuciantes para la economía del país, y que tenían como factor agravante y fuente de retroalimentación la falta de gobernabilidad, vayan a tener a partir de ahora una fácil solución.

El final anticipado del mandato de Rousseff no es la muerte de la democracia brasileña tal y como ella misma ha denunciado en su discurso de defensa ante el Senado, pero sí supone un grave deterioro de su funcionamiento. La estrategia de utilizar el impeachment para apartar a la presidenta aduciendo unas supuestas malas prácticas en la conducción de la política fiscal son más un abuso del poder Legislativo ante un Ejecutivo debilitado por la falta de apoyos que un correcto ejercicio del principio de frenos y contrapesos. Conviene recordar que en el presidencialismo brasileño la destitución del presidente mediante el recurso del juicio político está exclusivamente reservada a los casos de crimen de responsabilidad durante el ejercicio de su mandato, circunstancia que no ha quedado demostrada durante todo este proceso. A este respecto, si bien resulta difícil definir esta aventura política como un golpe de Estado, tal y como vehementemente denuncian los sectores contrarios al impeachment, el hecho de que primeramente se tomase la decisión de destituir a la presidenta y posteriormente se buscase cual es el crimen de responsabilidad que debería serle imputado, es un uso arbitrario de los mecanismos constitucionales.

¿Qué solución institucional podría darse para solventar tal situación de deterioro democrático? Desde hace décadas amplios sectores sociales y políticos abogan por la necesidad de una amplia reforma política que acabe con el comportamiento oportunista de un Parlamento fragmentado en más de una veintena de partidos sin base programática, que solo ofrecen su apoyo al gobierno de turno a cambio de cargos dentro de la maquinaria del Estado. Sin embargo, a fecha de hoy, estas demandas carecen de suficiente respaldo popular, una vez que las multitudinarias manifestaciones de junio de 2013 reivindicando mejoras del sistema político y de los servicios públicos con el tiempo acabaron degenerando en un conjunto desestructurado de reivindicaciones.

La agenda reformista hoy está centrada en la urgencia de equilibrar las cuentas públicas

Por tanto, lo más plausible es pensar que en términos de reforma institucional ninguna medida excesivamente importante vaya a ser tomada en los próximos años para mejorar el funcionamiento del régimen democrático. La agenda reformista hoy está exclusivamente centrada en las cuestiones relacionadas con la urgencia de equilibrar las cuentas públicas mediante un ajuste fiscal. Entre ellas cabe destacar medidas como la reforma del sistema de pensiones, la solución al problema del endeudamiento acumulado por parte de los estados de la Federación, la privatización de servicios públicos o los problemas que arrastra la petrolera estatal Petrobrás.

La gran esperanza para los actores políticos más interesados en mantener el status quo es que la leve recuperación económica que comienza a atisbarse tenga como efecto una mejora en las expectativas económicas de la población, disminuyendo también la desafección de la ciudadanía respecto de las instituciones. La reciente reapreciación del real con respecto al dólar, el superávit de la balanza comercial del último semestre, el aumento de confianza tanto de empresarios como de consumidores, o la elevación de la tasa de inversión parecen indicar que lo peor de la recesión ya ha pasado, aunque esto no significa que los principales problemas económicos estén cerca de resolverse, dado que tanto el déficit fiscal como la ausencia de un modelo de crecimiento alternativo a la exportación de materias primas serán resueltos a corto plazo. Sin embargo, fiarlo todo a que una nueva coyuntura favorable resuelva los problemas de gobernabilidad es ignorar que el descontento que la ciudadanía brasileña ha venido manifestando en los últimos años no era simplemente contra la pésima gestión económica del gobierno Rousseff, sino contra todas las instituciones del sistema político y que éste es, en gran medida, independiente del ciclo económico.

Juan Vicente Bachiller, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, es profesor de Políticas Públicas en la Universidade Federal Fluminense (Brasil).