Reforma ineludible

A medida que se conocen los resultados de la recaudación tributaria de 2016, más claro está que las finanzas públicas españolas necesitan una reforma fiscal en profundidad; y también que uno de los pilares de esa reforma tiene que ser un cambio drástico en el Impuesto sobre Sociedades. Ciudadanos ha llamado la atención sobre la ineficacia de dicho impuesto, cuya recaudación se ha hundido en los últimos años —y no sólo por los efectos de la crisis, puesto que sigue cayendo cuando las empresas han recuperado beneficios— y se ha mostrado dispuesto a reformar el tributo. El nuevo gobierno tendrá que entender que esa reforma fiscal, fundada en un reforzamiento de los impuestos directos (IRPF y Sociedades) y orientada a elevar la recaudación, es vital para salir del callejón del déficit (disparado otra vez en 2016) y garantizar un nivel aceptable de protección social.

En su configuración actual, Sociedades es un tributo virtualmente inútil, tanto a efectos de recaudación (este año llegará con suerte a los 16.000 millones, cuando estaba previsto lograr 25.000 millones) como de redistribución de la riqueza. Y lo es porque una maraña de disposiciones legales, deducciones y desgravaciones permiten a las empresas pagar porcentajes ínfimos por sus bases imponibles y sus beneficios. Con un tipo general del 30%, las sociedades con mayores beneficios cotizan a tipos reales que rara vez superan el 7%; e incluso algunos grupos financieros obtienen regularmente devoluciones o créditos que guardaban para pagar en el futuro menos impuestos. Lo consiguen reduciendo sus bases imponibles mediante la aplicación de normas legales, pero que son revisables y pueden cambiarse.

Ciudadanos propone limitar la compensación por pérdidas fiscales y cambiar las retenciones del gravamen. Son ideas en la buena dirección pero que hay que precisar; ya están limitadas las compensaciones de pérdidas. Sería más eficaz (y directo) aplicar el cambio que propuso el PSOE: que las empresas paguen al menos el 15% de su resultado contable por este tributo. Así, una de las razones que vacían de contenido el impuesto (el recorte legal de las bases imponibles) quedaría notablemente mitigada. Buena parte de los esquemas de exención, desgravación y deducción del impuesto no son ya rentables para los fines propuestos (creación de empleo, por ejemplo); sin embargo, se mantienen por inercia y constituyen una carga pesada para los ingresos públicos. Con una reforma adecuada, la recaudación por Sociedades podría subir en casi 8.000 millones por año.

La eficacia recaudatoria de Sociedades no depende sólo de las decisiones del Gobierno español. Viene condicionada también por la elusión fiscal de las multinacionales y por el hecho de que gran parte de la facturación de las empresas españolas se consigue fuera de España. En el caso de las cotizadas en Bolsa, concretamente el 64% del negocio procede del exterior. Súmese a esto que Europa, una zona monetaria que debería tener una cierta homogeneidad tributaria, opera en la práctica como un área de feroz competencia fiscal que permite derivar ingresos y beneficios hacia las legislaciones con menor presión impositiva. Por esa razón es tan urgente que Bruselas cierre los puntos de fuga fiscal.