Pokémon y el fiasco bosnio

El pasado mes de julio la ONG Posavina sin minas de Brčko publicó un anuncio para alertar del peligro que supone perseguir Pokémons sin hacer caso de las señales que indican la presencia de minas. De acuerdo con los cálculos del diario Oslobodjenje, en 2015 todavía existían 120.000 minas consideradas peligrosas, lo que supone una amenaza para más de 500.000 personas sobre una población de 3,5 millones. Según la misma fuente, desde el fin de la guerra se habrían producido 1.732 accidentes relacionados con minas, de los cuales 603 fueron mortales.

La presencia de tantas minas en territorio bosnio es un recuerdo inapelable de la sangrienta guerra de 1992-1995. Inicialmente se previó que el desminaje del país terminaría en 2009; el alto coste de la operación ha hecho alargar ese plazo como mínimo diez años más. El caso del desminaje ilustra otra lacra del país: la corrupción, que ha afectado al mismísimo jefe de la oficina de desminaje (BHMAC), Dušan Gavran, condenado a 10 meses de prisión por uso indebido del cargo y falsificación de documentos oficiales, y de quién se dice que amasó "varios millones" en los 13 años que pasó como responsable de BHMAC.

Más allá de las minas y de la endémica corrupción, las consecuencias más acuciantes de la guerra nos las revela el recién publicado censo de población que, como era previsible, confirman la sangría de población y el triunfo de la limpieza étnica. Si según el último censo yugoslavo de 1991 Bosnia y Herzegovina (ByH) tenía 4.377.033 habitantes, en 2013 tenía 3.531.159; en otras palabras, en 20 años perdió más de 845.000 personas (es decir, uno de cada cinco habitantes).

En 20 años ByH perdió más de 845.000 personas, es decir, uno de cada cinco habitantes

Los efectos de la limpieza étnica no son menos evidentes. Los acuerdos de Dayton sellaron la división de ByH en dos "entidades": la República Srpska (RS) para los serbios y la Federación de ByH para los musulmanes (ahora llamados "bosníacos") y los croatas, sin olvidar el distrito especial de Brčko; la Federación se divide a su vez en 10 cantones donde predomina una u otra nacionalidad. Pues bien, según los datos del censo en la Federación viven tan solo 56.550 serbios, que suponen un exiguo 2,5% de la población (frente al 70% de bosníacos y el 22% de croatas). Los 171.839 bosníacos de la RS constituyen el 14% de la población de esa entidad, donde el 82% se declara serbio. A nivel cantonal la segregación étnica también es palpable: en el cantón de Herzegovina Occidental, por ejemplo, viven 93.725 croatas por solo 718 bosníacos y 101 serbios. En el del Podrinje Bosnio hay 22.313 bosníacos por 885 serbios y 24 croatas. La otrora multiétnica Sarajevo se ha convertido en una ciudad esencialmente bosníaca: los serbios, que en 1991 eran la cuarta parte de la población sarajevita, ahora no llegan al 3%.

A diferencia de los censos yugoslavos, en los que las personas podían declararse "yugoslavas" (además de serbias, croatas o musulmanas), el formulario del censo de población de ByH no permite declarase "bosnio-herzegovino". He aquí acaso la clave de bóveda del fracaso de BiH como Estado. Tras el referéndum de independencia de 1992 (ganado con un espectacular 99,7% de sufragios afirmativos pero lastrado por el boicot serbio), la guerra y los Acuerdos de Dayton condujeron a la creación de un Estado pero no a la aparición de una verdadera comunidad política que los diferentes grupos étnicos sientan como propia.

Los acuerdos de Dayton condujeron a la creación de un Estado pero no a la aparición de una verdadera comunidad política

Una muestra acuciante del fiasco bosnio es el referéndum convocado por la República Srpska para el 25 de septiembre, cuyo objetivo es restablecer una fiesta "nacional" explícitamente prohibida por el Tribunal Constitucional --preludio de un referéndum unilateral de independencia previsto para 2018. En su toma de posesión tras las elecciones de 2014, el miembro bosníaco de la presidencia tripartita, Bakir Izetbegović, hizo votos para que los siguientes cuatro años sirvieran para avanzar en el objetivo más importante del país: convertirse en un miembro de pleno derecho "de la unión de naciones europeas libres y democráticas". Sin duda, la perspectiva de la integración europea podría ser la base de un proyecto político compartido por todos los ciudadanos de ByH. El problema es que ahora que el Reino Unido se va de la Unión no parece el mejor momento para acelerar una ampliación hacia nuevos países "pobres" del Este europeo –aunque estos países tengan el indudable interés estratégico de mostrar al mundo que los valores democráticos y el Islam (en ByH es musulmana la mitad de la población) son perfectamente compatibles.

Albert Branchadell es profesor de la facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.