Por qué el fraude no tiene coste electoral

¿Por qué la bolsa común de los españoles está casi siempre como unos zorros? Unos dirán: por la crisis, porque el Gobierno baja impuestos cuando no debe, porque los ricos se escapan con sus ingenierías fiscales... Hay mucho de esto, sí. Pero tampoco es ocioso pensar algo más tras el reconocimiento de Pablo Echenique, dirigente de Podemos, de que no hizo bien las cosas al dejarse asistir por una persona sin contrato ni Seguridad Social. Tema absolutamente menor para unos, por sus enormes diferencias con las grandes corrupciones; grave, en cambio, para los deseosos de demostrar que la nueva política no tiene lección alguna que dar a la de siempre.

Todo parte de las explicaciones de Echenique al caso de su asistente: la culpa es del sistema, que mantiene bajo mínimos la ley de dependencia y obliga a la gente modesta a prescindir de las formalidades de la economía legal. Cabe deducir de ello que engañar un poquito al sistema público, hurtarle cuatro duros por aquí y otros cuatro por allá, responde a un estado de necesidad, ayuda a reparar la injusticia social. Cuando esa permisividad se extiende a decenas o cientos de miles de defraudadores (grandes, medianos, pequeños, minúsculos), se entiende mejor la falta de coste electoral de los fraudes en España. No hay que derramar tantas lágrimas de cocodrilo: la permisividad puede explicar en buena medida la falta de sanción tajante para corruptos, imputados y presuntos variados.

Hay que acabar con la arraigada convicción de que el dinero de los sistemas públicos no es de nadie. Los políticos suben o bajan las tarifas de impuestos, tasas o cotizaciones sociales, persiguen el fraude o hacen la vista gorda: ese es su margen y su responsabilidad. Lo que de ningún modo deben hacer es alentar la idea de que la caja común no es de nadie, y por lo tanto, que a nadie se perjudica provocándole múltiples agujeros, disculpables siempre que sean pequeños.

Hay países donde se persiguen las irregularidades. Por ejemplo, los del norte de Europa, tan alabados por la dirigencia de Podemos. O los Estados Unidos, donde los presidentes George W. Bush o Bill Clinton tuvieron que renunciar al nombramiento de colaboradores de muy elevada posición al descubrirse que estos contaban con servidores en situación ilegal y cuyos empleadores omitían por tanto los impuestos correspondientes. La excusa de que “lo hace todo el mundo” es demasiado irritante.

Lo de la vieja y la nueva política es retórica vacía si tanto los que llevan muchos años viviendo del dinero de los contribuyentes, como los que han comenzado a hacerlo más recientemente, no empiezan por reconocer que a todos se les paga de la misma bolsa. Un programa difícil, pero sensato, sería darle la vuelta a la permisividad hacia corrupciones, fraudes y corruptelas. Pero nunca se alcanzará tal objetivo si los personajes públicos justifican faltas de diversos tamaños en que lo hacen muchos, cuando no todos.