¡Vigilad los cielos!, un dron espía cada piscina ilegal

Hacienda y la Agencia Tributaria manejan con desenvoltura el marketing fiscal; de hecho, es lo único que hacen bien. Acabamos de saber que un ejército de drones ha peinado desde el aire más de 4.000 Ayuntamientos para investigar las modificaciones urbanísticas que podían incurrir en negligencia o fraude fiscal. Como suele decirse, el resultado “ha sorprendido a la propia empresa”: se han detectado 1,6 millones de inmuebles con valor catastral falseado y afloran unos 1.200 millones más de recaudación por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Los drones detectan con su ojo mágico (ahora sobrevuelan Madrid para cumplir con el programa de inspección) todo tipo de irregularidades inmobiliarias, como edificios nuevos, ampliaciones o rehabilitaciones sin declarar, piscinas... Aunque el fraude aflorado no llega al 2% de la recaudación del IBI, la inspección aérea tiene beneficios evidentes, aunque intangibles, para lo que podríamos llamar moral tributaria. Veamos.

El IBI es el impuesto local más importante en volumen y en facilidad recaudatoria, por delante del impuesto de actividades económicas; ha permitido que muchos municipios sobrevivan a los sin ton ni son propiciados por el Gobierno de Rajoy. El maná de 1.200 millones para 4.100 Ayuntamientos (maná potencial; ya veremos cuánto se recauda de verdad) llega en el momento oportuno, cuando el señor Montoro apremia para que los Ayuntamientos cumplan con el déficit cero. El programa de regularización catastral no ha terminado, pero ya ha conseguido sembrar la inquietud entre los incumplidores inmobiliarios. Nada impide que se extienda a todos los municipios de España y el IBI se convierta en el primer impuesto con una tasa de fraude próximo a cero. Por optimismo que no quede.

Pero —siempre tiene que haber uno— la habilidad en el marketing fiscal no implica necesariamente voluntad política de transparencia econonómico-financiera. Se conoce el proceso de administrativo seguido: el catastro encargó el plan de regularización catastral 2013-2016 a una sociedad pública, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, SEGIPSA; pero SEGIPSA es una sociedad sin recursos suficientes para ejecutar el plan, así que subcontrató a una empresa privada. Dado que Hacienda aportó 124,4 millones para financiar el programa, sería de utilidad para los contribuyentes saber cuánto costará la innovadora revisión catastral (sustitución de la ortofoto por el dron) y cuánto han aportado, si lo han hecho, los Ayuntamientos.

El programa consigue una ventaja estratégico-moral sobre el contribuyente: coloca un aparato común en tareas de patrullaje y vigilancia de la burbuja inmobiliaria. Un observador por encima de los mortales vigila sin misericordia las chapuzas de albañilería íntima. ¿Quién iba a pensar que no se puede tirar un tabique o instalar una alberca sin que se entere Hacienda? Un Torrente electrónico apatrulla sobre nuestras terrazas y balcones. Ya lo advirtió Wells: “¡Vigilad los cielos!”. En estos momentos un dron puede estar descubriendo un cerramiento ilegal o una piscina clandestina.