Los abogados de los titiriteros y Zapata te devolverán la fe en la justicia

¿Cómo podrían definirse vuestros intereses?No se juzga igual a un policía que a un mantero, a una mujer árabe que a un hombre de negocios con traje y reloj de acero en la muñeca. Nosotras aspiramos a ser algo más que un despacho de abogados y abogadas al uso, en Red Jurídica ponemos el acento en que la Administración de Justicia esté realmente al servicio de la gente. Muchas veces la norma no es neutra, no siempre se defiende a los ciudadanos sino los intereses de los gobernantes y los lobbies que les apoyan como el financiero, el de la construcción, el eléctrico, etc. Además de que, aunque aparentemente estemos ante una ley justa, aquellos que las imponen e interpretan (Gobierno, policía, jueces, etc) también tienen sesgos y prejuicios dependiendo de quién tengan enfrente.

¿Qué tenéis en común?

Compartimos una misma visión transformadora de nuestra profesión y tiene sentido que en la organización interna exijamos los mismos valores que en el exterior. De ahí que seamos una cooperativa y no una sociedad mercantil: promovemos los valores feministas, ecologistas y democráticos, la toma de decisiones consensuada y no basada solo en criterios económicos. Los salarios se ajustan a las horas de trabajo y no a los ingresos generados por cada socia, damos importancia a los cuidados dentro de nuestro espacio...

Por ejemplo, uno de nuestros principales retos es llevar a cabo una práctica feminista en nuestro día a día. Con frecuencia se nos describe como “un despacho de abogados”, pero nosotras no somos eso, no somos todas “abogados”. En nuestra opinión el lenguaje construye imaginarios y realidades y por eso defendemos el lenguaje inclusivo, para que la mujeres, tanto las que forman parte del despacho como las que defendemos, no seamos ni sean invisibilizadas.

¿A quién defendéis?

Nuestra vocación es inclinarnos por la defensa de la parte más castigada por los desequilibrios sociales. Para nosotras, el derecho a un juicio justo o es universal o no es un derecho, y por eso lo defendemos sin pudor y sin remilgos. No defendemos culpables o inocentes, ni compartimos lo que hayan podido o no hacer, defendemos personas. También actuamos con visión estratégica, participando en asuntos clave para obtener esa sociedad más equitativa y justa: defendemos a manifestantes, a víctimas de torturas y malos tratos, a okupas, a personas que se han expresado por Twitter o Facebook o que tienen opiniones políticas diferentes, a migrantes que van a ser deportados solo por no tener papeles… Decía Albert Camus que uno no debe ponerse del lado de los que hacen la historia, sino al servicio de quien la padecen.

¿Vivimos en una sociedad represiva?

No, si lo comparamos con la mayoría de los países del mundo. Pero lo cierto es que nuestros propios estándares de libertad, esos que creíamos ya arraigados e inamovibles, han retrocedido gravemente en la última legislatura. Se ha endurecido el código penal, se ha instaurado la cadena perpetua, se han endurecido las leyes procedimentales, creado espacios de impunidad para las clases pudientes y las grandes empresas, santificado derechos que no deberían ser más valiosos que otros, como la propiedad privada sobre la vivienda o la iniciativa empresarial sobre la gestión común de nuestros bienes públicos. Y ante todos estos cambios y las quejas que han provocado, la respuesta del Gobierno ha sido sacar una Ley Mordaza. La solución democrática sería responder a estos problemas con iniciativas que aseguren el bienestar de la ciudadanía, no acallarlos bajo la amenaza de porra, multa o cárcel.

¿Cómo está funcionando la Ley Mordaza?

La ley Mordaza ha cumplido su objetivo principal, que es infundir un miedo atroz al ciudadano, de manera que se lo piensa dos veces antes de ir a una manifestación, impedir un desahucio, debatir con un policía o llevar una simple camiseta o bolso con un mensaje políticamente incorrecto pero jurídicamente permitido. La parte positiva es que la lucha contra esta ley ha generado tanta movilización y oposición que el propio Gobierno no se atreve aplicarla en toda su intensidad y literalidad.

Esta movilización también ha permitido que se difundan rápidamente los casos de abusos, evitando la impunidad de los agentes que sancionan, y que los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como privados (como Amnistía Internacional), tengan esta ley siempre en su radar y regularmente denuncien su cariz autoritario.

También provoca otras desgracias de las que no se habla tanto y que deberían tener una respuesta a través de unas políticas sociales reales, no en un catalogo de sanciones como por ejemplo, legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Por lo que genera efectos muy negativos y excluyentes para sectores ya empobrecidos o marginados de los que no nos podemos olvidar.

¿Cómo acabó el caso de los titiriteros?

Por ahora nos ha dejado un sabor agridulce. Por un lado la Audiencia Nacional ha considerado que los hechos no constituyen delito de enaltecimiento del terrorismo, algo que era evidente desde el primer minuto pero que ha costado cinco días de prisión a los artistas. Pero por otro, ha derivado el caso a los Tribunales de Madrid, los ordinarios, por si pudiera ser un delito de incitación al odio, dado que tenía escenas de violencia contra un policía, un juez o una monja. Hemos recurrido esta decisión porque consideramos que esas escenas no pueden ser constitutivas de delito.

El acto de apoyo a los titiriteros celebrado en el Teatro del Barrio, organizado por Público y CTXT, se saldó con una denuncia por parte de una asociación contra los actores Alberto San Juan y Gloria Muñoz por representar de nuevo la obra, aunque Fiscalía decidió que en este caso no había delito y no les acusó, lo que no deja de ser una pirueta argumental, porque la obra era exactamente la misma que la original. Acusarles hubiera generado, casi seguro, una oleada de representaciones de la obra por todo el país en defensa de la libertad de expresión y creación artística, y a ver cómo lidiaba la Fiscalía con cientos de personas imputadas.

Muchas veces el tópico asocia a las facultades de Derecho y al ejercicio de la abogacía como propios de personas conservadoras. ¿Estáis en minoría los abogados progresistas?

Sin duda. La abogacía exige cierto nivel de formación, además de un grado universitario, no accesible para todo el mundo. Y al relacionarse con frecuencia con otros estamentos conservadores (notarías, jueces, altos funcionarios, etc) ese perfil tradicional se perpetúa. Muchos de nuestros "colegas" ejercen la profesión sin preguntarse por las consecuencias de sus actos o, simplemente, sin complicarse la vida discutiendo con policías, registradores, fiscales o jueces. Con todo, siempre ha habido y siempre habrá abogadas y abogados que han dado un paso más allá de la mera ley para denunciar las desigualdades, las relaciones injustas y los abusos de poder. Un abogado uruguayo, Eduardo Couture, decía: “Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha siempre por la Justicia.” Y en esas estamos: entre la defensa de la aplicación de una ley y la defensa de la desobediencia civil para obtener una ley mejor.

¿Es la justicia igual para todos?

En absoluto. Es incomprensible que llevarte una manzana de un centro comercial sea delito pero defraudar 120.000 euros cada año no lo sea. O que vivir en una casa vacía lo sea mientras que mentir descaradamente al hacer las cuentas anuales de una entidad financiera y llevarla a la ruina no. Además, en los últimos años ha habido modificaciones para favorecer a las partes en posición de poder: acelerar los procesos penales sin incrementar el presupuesto, con lo cual las causas más complejas de corrupción quedan sin investigar; permitir despidos de trabajadores por razones económicas aunque la empresa tenga beneficios; introducir la cadena perpetua y descartar la reinserción de las personas presas vinculando los beneficios penitenciarios con su capacidad económica, eximir de responsabilidad a las empresas que cometen delitos, no dar garantías a las personas desahuciadas en los procedimientos de ejecución hipotecaria pero sí a las entidades financieras...

¿Existe una verdadera libertad de expresión?

Cada vez menos, porque la dureza de los castigos provocan un efecto disuasorio entre la ciudadanía. Una opinión desinformada, sesgada o incluso hiriente no debe combatirse con la cárcel sino con una opinión contraria formada y sensible que la desmonte y la silencie. Las democracias se han formado precisamente gracias a personas en su momento condenadas por opinar distinto al poder de turno, ya fueran transgresores, revolucionarios o simplemente polemistas indeseables; y nuestras democracias siguen construyéndose día a día gracias a los flujos de informaciones y opiniones que cuestionan nuestra sociedad y nuestros valores. Considerar delito opiniones que ofenden o ensalzan a colectivos o personas, o que cuestionan la intachabilidad moral de nuestras instituciones implica pensar que nuestra democracia ha alcanzado su cenit de perfección y no necesita más mejoras, que todas esas críticas, serias o humorísticas, son innecesarias, porque no hay opiniones mejores que las del Estado ni profesionales mejores que los actuales. Pero aún queda mucho Estado social y de derecho que construir, y nuestras tasas de pobreza, de personas presas, de personas desahuciadas, de menores extranjeros en riesgo, de mujeres víctimas de la violencia machista, de condenas a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son pruebas de ello.