¿Carmena hace propaganda electoral y Pastor no?

Todos los partidos saben que la Ley Orgánica del Régimen General (LOREG) prohíbe realizar campañas instituciones que atenten contra los principios de objetividad, transparencia e igualdad durante el proceso electoral y prohíbe también cualquier tipo de actos propagandísticos sobre los logros obtenidos por las formaciones que concurren a los comicios en las instituciones públicas que gestionan.

En aplicación de esta norma, el Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a abortar cuatro convocatorias informativas de gran calado para los ciudadanos: la reducción del IBI en algunos distritos, el plan Recupera sobre conservación de edificios, el apoyo a los emprendedores y la Operación Calderón. La Junta Electoral ha puesto el grito en el cielo y la alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, ha cancelado los anuncios hasta después del 26-J.

Más avispada ha estado la ministra de Fomento en funciones y candidata del PP por Pontevedra, Ana Pastor, que a su paso por Orense ha  firmado un convenio para impulsar las obras del AVE en esa provincia que supondrán un coste de más de 100 millones de euros. "Será una infraestructura para cien años", ha dicho Pastor para redondear la firma de un acuerdo claramente propagandístico sobre el que la Junta Electoral no hay constancia de que se haya pronunciado todavía.

Por si este organismo no se ha enterado, el PSOE ha denunciado a toda velocidad un convenio que tiene una evidente connotación política. ¿Cómo si  no se puede entender que la ministra en funciones elogie a Rajoy declarando que "nunca un presidente apostó tanto por Galicia"?.

Aplicar una doble vara de medir según quién sea la institución que vende sus logros en campaña no parece muy democrático. Otra cosa es revisar una normativa electoral que establece restricciones que pueden resultar poco acordes con los tiempos modernos, como el veto a la publicación de sondeos durante la última semana de campaña o la prohibición de actos políticos durante la jornada de reflexión, previa a la celebración de los comicios. A cambio, la Junta Electoral podría intervenir cuando detecta tuits lanzados por políticos que son claramente una vileza o cuando las televisiones públicas ocultan deliberadamente noticias de interés general que pueden perjudicar a un determinado candidato.