Mejores controles

La decisión judicial que afecta a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, junto con otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, supone el paso decisivo hacia el enjuiciamiento de si hubo o no una decisión política que favoreció el desvío de parte de los fondos (855 millones de euros) dedicados a los ERE en Andalucía entre 2001 y 2010. Los afectados sostienen que todo fue legal, pero el magistrado que ha decidido la continuidad del procedimiento sospecha que se montó un sistema opaco y arbitrario, y acusa a ambos de prevaricación. A Griñán le imputa también malversación, a diferencia del instructor del Supremo durante la fase en que la causa estuvo en el alto tribunal, que descartó ese segundo delito.

Chaves y Griñán han hecho lo que cabía esperar de ellos en cuanto a responsabilidad política. Ambos abandonaron la vida pública hace un año y, además, se han dado de baja en el PSOE. No hay el menor indicio de lucro por su parte y su honorabilidad personal no está en juego. Pero les toca defenderse como ciudadanos privados en lo que sin duda va a ser un juicio con fondo político.

Nadie podía esperar que semejante escándalo terminara olvidado en los vericuetos procesales, y tras un enorme retraso en la tramitación judicial, las decisiones sobre los expresidentes de la Junta de Andalucía llegan en un momento políticamente muy sensible, a 25 días de unas elecciones generales.

Lo sucedido puede tener efectos en el voto, porque las biografías de Chaves y de Griñán se confunden con las del PSOE y el Gobierno andaluz. La imbricación es tan grande que el Partido Popular, en trance de ahogarse en casos de corrupción, pretende utilizar el problema de los expresidentes socialistas como si fuera una tabla de salvación. Y los activistas del populismo, los defensores del pueblo contra las élites, están tentados de aprovecharse de la situación para cebar sus armas electoralistas contra el PSOE.

Sin entrar en el juego estúpido de calibrar qué partido pesa más en la balanza de la corrupción, lo cierto es que centrar la indignación en la exigencia de cuentas por el pasado o alegrarse de equilibrar la balanza de los asuntos turbios no servirá para recuperar la confianza ciudadana. Los gobernantes tienen que asegurarse de que la administración del dinero público se hace con profesionalidad y diligencia, para lo cual es indispensable mantener actitudes vigilantes y activar controles institucionales de la gestión. Los hechos tienen que demostrar que se ha cerrado una larga etapa de impunidad y esto no se va a conseguir lanzándose los trastos a la cabeza.

Tanto el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, parecen haber aprendido la lección. De ahí proceden sus compromisos para dejar fuera del partido a todos los implicados en asuntos sospechosos de corrupción política. Esto no es condición suficiente, pero sí necesaria, para regenerar fuerzas políticas desgastadas por haber prescindido de controles rigurosos del dinero del contribuyente y de la limpieza en el manejo de los asuntos públicos.