Joaquín Giménez, magistrado: “El juez no es un sacerdote”

Cofundador de la asociación Jueces para la Democracia, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García es un hombre significado por su espíritu independiente y su trayectoria en la Euskadi de los años más convulsos. Aunque nació en Jacarilla (Alicante) hace 70 años, cursó Derecho en Deusto (Bilbao), y allí, en aquel tiempo de silencio franquista, surgió su vocación por ejercer la justicia. Tras pasar por los juzgados de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Cangas de Onís (Asturias), se incorporó a la Audiencia Provincial de Bilbao, ya como magistrado, en 1981 y luego presidió las audiencias provinciales de San Sebastián y Bilbao. El descubrimiento de que ETA planeaba secuestrarlo o asesinarlo puso fin a su carrera en Euskadi tras 18 años “difíciles, pero también gratificantes”, en los que vio cumplido su propósito de contribuir a serenar y normalizar, en lo posible, la vida judicial vasca. En 1998 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, puesto que ha ejercido ininterrumpidamente con un sentido crítico sustentado en la reputación de jurista riguroso y solvente.

¿Diría que la creación de una justicia ágil y no sujeta a los vaivenes políticos es una de las reformas capitales pendientes para la regeneración institucional? La justicia es el último baluarte del Estado democrático, particularmente en estos tiempos de crisis en los que aumentan los litigios y demandas ciudadanas. Aunque con sus limitaciones y carencias, creo que el sistema judicial está dando una respuesta positiva, pero, en efecto, esa es una reforma capital.

¿La igualdad ante la ley es en España una quimera mayor que en otros países? Tenemos dificultades similares a la hora de preservar la independencia judicial y de aplicar ese principio, incumplido en la práctica, de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Tenemos imputados con medios para procurarse una buena defensa y otros que carecen de esa posibilidad. Debemos procurar que las buenas defensas no sean sinónimo de absolución asegurada.

¿Eso ocurre? Nadie tiene garantizada la absolución, pero una buena defensa sitúa al imputado en mejores condiciones. No es igual incurrir en la delincuencia desde la abundancia y la formación que desde la necesidad o la marginación.

 ¿Comparte la opinión de que la justicia española es mala e injusta sobre todo por lo que tiene de lenta? La lentitud puede hacer injusta la decisión adoptada. La plantilla judicial es claramente insuficiente para las necesidades de un país de nuestra complejidad con 45 millones de habitantes. Somos unos 5.000 jueces y 2.300 fiscales. Tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea está en 15 o 16. La carencia de medios viene de lejos y seguimos esperando al pretendido pacto por la justicia.

¿Cree que responde al propósito deliberado de que la justicia sea inoperante o poco eficaz? La sospecha de que lo que se pretende es que la justicia preste lo que yo llamo un razonable servicio de ineficacia tiene su fundamento. Las personas con poder económico o político disponen de los primeros espadas de los mejores gabinetes jurídicos, especialistas, en muchos casos, en hacer que los procesos se compliquen, demoren y dilaten hasta conseguir que prescriban. ¿Qué se hace? Pues crear una montaña de documentación que haga inmanejable la causa.

¿Hay presiones intolerables? Las presiones intolerables son las más sutiles. No hay que esperar una llamada del Ejecutivo, aunque hay políticos relevantes que efectúan declaraciones abiertamente descalificatorias de los tribunales. Las presiones más peligrosas pueden ser las que se ejercen desde dentro del sistema judicial o a través de los medios de comunicación. Desde que los vips pisan los juzgados, las garantías del proceso penal han avanzado una barbaridad en nuestro país. Fue el procesamiento de una persona muy importante lo que hizo que se cambiara la ley para que el juez instructor ya no pueda acordar de oficio la prisión; ahora necesita el concurso del fiscal.

Jordi Socías

¿Crearon una doctrina ad hoc para Emilio Botín? De esta sala surgieron la doctrina Botín (Emilio Botín, entonces presidente del Banco de Santander) y la doctrina Atutxa (Juan María Atutxa, entonces presidente del Parlamento Vasco). En el caso Botín, el litigio se refería a intereses privados y, al no acusar el ministerio fiscal ni los perjudicados, se consideró que la acusación particular carecía de legitimación. Yo estuve de acuerdo. En el caso Atutxa, los intereses concernidos eran públicos, pues era un delito de desobediencia. Tampoco el ministerio fiscal acusaba, pero se estimó que la acusación popular estaba legitimada para hacerlo en solitario. Otros compañeros y yo hicimos un voto particular discrepante.

¿La apelación al espíritu de la ley no contribuye a la confusión? La actividad judicial es una actuación que razona sus decisiones, que no son verdades absolutas. El Supremo es el último intérprete de la legalidad ordinaria.

¿Y qué distingue a un magistrado de la Sala Segunda del Supremo de un juez ordinario? La Sala Segunda es el oscuro objeto del deseo de toda la clase política porque es la competente para juzgar a las personas aforadas. El aforamiento es un privilegio injustificado que debe ser eliminado o limitado a los delitos cometidos por los parlamentarios en el ejercicio de su cargo.

¿Qué obstáculos debe superar el juez en el ejercicio de su función? Debe lograr ser independiente de su ideología a la hora de juzgar. Un juez sin inquietudes es un juez inquietante, pero no puede hacer pasar su conciencia como conciencia de la ley. Decidir sobre la libertad, el patrimonio u otros asuntos trascendentales de las personas exige justificar esa decisión y alejarse de toda soberbia.

¿No abruma esa responsabilidad? Aunque siempre queda el recurso, en los asuntos penales puede llegar a entrarte la duda y dejarte sin dormir. Si la decisión te corresponde solo a ti, puedes experimentar la soledad del corredor de fondo.

¿Cómo se explica el caso de Romano van der Dussen, que pasó 12 años en prisión por un delito de violación que no cometió? Hemos revisado uno de los tres delitos de violación por los que fue condenado y ha sido absuelto. A veces, el reconocimiento en rueda orientado por la policía desde el convencimiento de que el detenido es culpable puede influir sobre las víctimas y otros testigos y conducir al error judicial.

¿Qué errores judiciales ha cometido usted? No tengo conocimiento de haber participado en un tribunal cuya condena haya sido anulada por error judicial.

¿Hay que tener una pasta especial para ser juez? Hay que saber escuchar. El juez que no tiene tiempo para escuchar no tiene tiempo para juzgar. Debe ser consciente de que es un ciudadano, no un sacerdote.

¿La preservación de la independencia judicial está garantizada? El juez debe ser el garante de su propia independencia aunque la independencia institucional le corresponda al CGPJ, que, desde luego, necesita una reforma profunda.

¿El CGPJ no es independiente? Es la institución que peor desarrollo ha tenido. La elección de los vocales del CGPJ a cargo del Congreso ofrecía una mayor legitimidad, pero esa ventaja teórica desapareció en el momento en que los posicionamientos de los vocales empezaron a coincidir con los de los partidos que les habían nombrado. Es un comportamiento que le deslegitima absolutamente.

¿Los miembros del CGPJ son seleccionados por su fidelidad política más que por su calidad profesional? Cuando oigo que se alude al mérito y capacidad de los seleccionados…, en fin. Ha habido vocales que han saltado directamente de la mesa del CGPJ al banquillo. [El juez Luis Pascual Estevill fue condenado a nueve años de cárcel por cohecho, prevaricación y detención ilegal].

¿La solución es que los jueces elijan a los miembros del CGPJ? Los convenios europeos tienden, por lo general, a que los vocales de extracción judicial del órgano equivalente a nuestro CGPJ sean elegidos por los propios jueces. De todas formas, la verdadera elección parlamentaria está por estrenar en nuestro país, porque el Congreso y el Senado no han realizado nunca un examen exhaustivo con luz y taquígrafos de los candidatos y de sus currículos.

¿Qué diferencia a un juez progresista de otro conservador? No me gusta esa etiqueta. El juez debe estar comprometido con los valores de la Constitución. Hay que dejar abierta la posibilidad de reinserción. El dolor no prescribe, pero el delito sí.

¿Es importante que los jueces, además de ser honrados, lo parezcan? Por lo visto, cada vez hay más jueces ­participando en actividades organizadas desde la ­empresa y la política. Importa que los jueces honrados también lo parezcan. La última reforma posibilita las puertas giratorias y permite volver a la carrera judicial a los que están en política. No estoy de acuerdo. Creo que el juez debe ser libre de irse a la política, pero no de volver a administrar justicia.

¿Tenemos una democracia judicializada? Muchos ­conflictos acaban en sede judicial por la incapacidad ­política de resolverlos. Es una muestra de la falta de robustez del sistema parlamentario partidario. La judicialización se utiliza como arma política y acarrea desgaste institucional.

¿Qué opina del indulto a políticos? Ha habido casos de políticos y no políticos escandalosos. Debería ser una medida excepcional, pero ha sido utilizado de forma abusiva. Habría que eliminarlo en relación con determinados delitos y siempre motivarlo.

Decía usted que la legislación democrática no es siempre justa. En 21 años ha habido 28 o 29 reformas grandes y pequeñas del Código Penal y casi siempre atendiendo a la presión que explota la exacerbación punitiva. Contamos con una razonable seguridad pública y no se cometen más delitos que antes, pero tenemos una de las poblaciones penitenciarias más grandes de Europa.

¿Cuáles han sido los casos más comprometidos o difíciles de resolver? Por la propia naturaleza del delito y los efectos que produce, los de terrorismo, porque exigen un esfuerzo mayor para abstraerte del hecho enjuiciado y ver si hay realmente prueba. En estas cuestiones es muy peligroso dejarse llevar por la pendiente. Ahí está Guantánamo. Además de una fuente de dolor y una gran fractura social, la herencia de ETA ha producido cierta devastación jurídica.

Usted se ha pronunciado contra la dispersión de los presos de ETA, ha criticado que la autoinculpación en sede policial sea considerada prueba de cargo suficiente y emitió un voto discrepante de la doctrina Parot. ¿Suficiente para granjearse las antipatías de sucesivos ministros de Interior? Los jueces no debemos preocuparnos por ser gratos o no al Ejecutivo. Los jueces tienen un discurso propio, no vicario del gubernamental, que debe ser respetado y no deslegitimado como se ha hecho en materia del terrorismo de ETA. Recuerdo las caras de estupor con que algunos políticos acogieron el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desautorizó la doctrina Parot.

¿Qué recuerdos guarda de sus 18 años en el País Vasco? Agridulces, porque fueron tiempos muy convulsos. Los últimos años resultaron muy difíciles. ETA recopilaba información para atentar contra mí y había notado que estaba siendo seguido. Nuestra primera reacción fue resistir. Tuvimos una reunión familiar con nuestros tres hijos y decidimos quedarnos, pero luego la situación se fue haciendo insostenible. La escolta no era el seguro de vida.