Una actitud poco saludable

La enfermedad y la muerte son eventos dolorosos que generan sufrimiento a la persona y su entorno familiar. El propósito de la medicina y el deber de los médicos es evitarlas si es posible y siempre aliviarlas. Noticias recientes en relación con el tratamiento de la hepatitis C vuelven a recordarnos que es necesario revisar y aclarar los criterios y procedimientos que utilizamos para decidir qué ofrece y a quiénes el sistema sanitario. Nos encontramos cada vez con más frecuencia ante nuevas intervenciones eficaces, que incluso alargan la vida, pero que son muy costosas.

Se dice que “la vida no tiene precio” y esto es cierto. Pero es también cierto que las intervenciones sanitarias sí tienen un precio. Es natural que los pacientes y sus familiares se rebelen ante situaciones dolorosas y que los médicos intenten por todos los medios incluir en su arsenal los últimos avances científico-técnicos. Los mecanismos para establecer los crecientes precios de dichas intervenciones y su justicia es una cuestión no baladí que también requiere reflexión, pero no elimina nuestro problema: el sistema sanitario siempre contará con recursos limitados, por lo que, en nuestra opinión, no es correcto defender “que nunca se podrá negar una intervención solo por motivos económicos si es efectiva”.

En los tiempos y en las sociedades en las que la asistencia sanitaria era/es tan solo privada, las familias tenían/tienen que decidir si costear el tratamiento aconsejado por los profesionales sanitarios incluso con riesgo de arruinarse. Este problema está detrás del nacimiento de los sistemas de ayuda mutua y seguros que eventualmente evolucionaron en los países de nuestro entorno a sistemas de asistencia cuasi universal financiados por el conjunto de la sociedad. La mutualización de riesgos ha evitado durante mucho tiempo la mayor parte de dichas situaciones de bancarrota.

Sin embargo, el creciente desarrollo científico-tecnológico pone a disposición de la medicina medios para solucionar, o paliar, problemas antes insolubles cada vez más sofisticados pero también más costosos. La situación ha llegado a plantear sobre el sistema sanitario demandas económicas inabordables. Por lo tanto los sistemas públicos necesitan establecer mecanismos para tomar decisiones sobre estas cuestiones que tengan legitimidad ético-política ante los ciudadanos y sean judicialmente robustas.

La mutualización de riesgos de los sistemas universales de salud ha evitado la bancarrota ha evitado muchos casos de bancarrota

Ante las situaciones de conflicto y las compresibles exigencias de los pacientes seguimos oyendo declaraciones de responsables políticos que insisten en que las decisiones se toman exclusivamente sobre criterios clínicos, no económicos, dejando así toda la responsabilidad en manos de los profesionales. Esto no sólo es falso sino tremendamente irresponsable. Es necesario explicar a los ciudadanos la situación real y hacernos partícipes y co-responsables de las decisiones que haya que tomar.

Es evidente que no podemos pagar todo lo que es posible hacer (debemos recordar que existen ya numerosas prestaciones efectivas no incluidas, por ejemplo: odontología, audífonos, prótesis sofisticadas, etcétera). Por lo tanto es ineludible discutir y adoptar criterios de “priorización” que además de los obvios aspectos clínicos, incluyan criterios económicos explícitos, ya sean medidas de coste-utilidad u otros indicadores internacionalmente reconocidos que se aplican desde hace años en otros países cercanos con sistemas públicos de larga tradición. La alternativa es dejarlo a un azar injusto y/o a criterios no transparentes que generan desconfianza en la ciudadanía y debilitan nuestro sistema de salud.

Es esencial tener procedimientos claros y robustos tanto desde el punto de vista ético (equidad y transparencia en la asignación de los recursos) como del judicial (legalidad del procedimiento). Nunca podrá evitarse que intervengan los jueces y es muy saludable que así sea, pero eso requiere que los procedimientos permitan que aquellos que participan en la toma de decisiones: profesionales, gestores, representantes de pacientes… no queden indefensos.

El desarrollo científico-técnico plantea al sistema sanitario demandas económicas inabordables

El retraso en abordar en un debate público los mecanismos y procedimientos necesarios para realizar una adecuada priorización de recursos sanitarios no es ético y carece de justificación alguna salvo la aversión de los políticos, y de algunos profesionales, a tratar con cuestiones incómodas. Si queremos mantener un sistema sanitario público tenemos que enfrentar este problema, vamos ya con mucho retraso con relación a las exigencia de la realidad y a otros países de nuestro entorno. No hacerlo pone en grave riesgo al sistema y acabará teniendo consecuencias extraordinariamente graves para la mayor parte de la población.

Pedro Brañas Tato es especialista en salud pública, y Begoña Graña Suárez, en oncología médica.