Plurinacionalidad e interés general

Hasta hace una decena de años, cuando alguien me preguntaba sobre los equilibrios de poder dentro de la UE, es decir, la realidad desnuda de la toma de decisiones (aparte de las formalidades prescritas por los Tratados), solía responder en base a mi experiencia como funcionario de una manera muy simple: la UE es, en el fondo, una confederación de tres países (Alemania, Francia y, con matices, Reino Unido) y una federación del resto. Efectivamente, el tándem Francia-Alemania era el motor sin el cual no era posible llevar a buen puerto prácticamente ninguna reforma o avance significativo dentro de la Unión. Asimismo, el Reino Unido era el freno que impedía cualquier veleidad “federalizante” y que exigía la salvaguarda de determinados intereses nacionales: el predominio de la City en los servicios financieros europeos y la creación de un Mercado Único Europeo que permitiera el libre movimiento de mercancías, servicios y capitales a lo largo y ancho de la UE (la de personas nunca fue de su agrado) y, en la medida de lo posible, con una apropiada desregulación.

Para el resto de países, grandes (Italia) y medianos (España y Holanda) se les reservaba alguna que otra concesión en aquellos sectores (por ejemplo, pesca) y/o relevancia en determinados ámbitos (relaciones con Latinoamérica) que se justificara debidamente. Además, y en cuanto al tándem franco-germano, siempre fue y es mucho más difícil hacer cambiar de posición a Francia que a Alemania, en mi opinión, por su complejo de culpabilidad por las guerras mundiales y por el afán de Francia de convertir en “francesa” a la UE. Ejemplos no faltan. Quizás el más importante es la creación del euro, donde Alemania fue la que cedió soberanía en beneficio del resto de la UE, como se decía por aquel entonces: la soberanía del Banco de Francia respecto a la política monetaria (tipos de interés) era de 10 minutos después de que el Bundesbank hubiera adoptado una determinada decisión.

Y es que en la UE solo se toman decisiones de calado cuando afectan a los países del “triunvirato”: cuando Reino Unido amenaza con salir de la UE, cuando el euro corre peligro debido a la crisis económica, cuando Alemania y otros países del centro y norte de Europa se ven afectados por la crisis de refugiados (no cuando los principales afectados eran España e Italia), etcétera.

Esta situación cambió con la adhesión de los países del este de Europa. Por diversas razones. Primero, porque algunos de ellos no quieren jugar al juego de simples comparsas donde las decisiones se toman de antemano entre París y Berlín (y el beneplácito o el opt-out de Londres), probablemente como un acto reflejo por salvaguardar su “soberanía” recién recuperada después de haber sufrido durante tantas décadas el dictado de Moscú. Segundo, porque su concepción de los valores democráticos y el respeto del Estado de derecho no es siempre la misma que la existente tradicionalmente dentro de la UE, como se está comprobando en los últimos años en diferentes Estados como Hungría, Polonia, etcétera. Y tercero, por una cierta actitud que podríamos calificar de “revanchista” hacia Alemania en particular, por los sufrimientos de la II Guerra Mundial, y hacia Europa occidental en general al culparnos de haberles abandonado bajo el yugo de la Unión Soviética tras ella (de hecho aún hoy solo fían la defensa de su independencia a la protección de los EEUU vía OTAN, ante la, según ellos todavía latente amenaza expansionista de Rusia). “Revanchista” en el sentido de considerar que el deber de la UE es apoyarles económicamente para resarcirse de dichos sufrimientos.

En la toma de decisiones prevalecen los intereses nacionales, de muy difícil conjugación entre sí

En resumen, la UE actual ya no es la misma sin los anclajes de antaño: unos valores indiscutibles que formaban el cemento cohesionador de la Unión (incluido un nivel de solidaridad importante con los países menos desarrollados); un motor de avance y de toma de decisiones que aseguraba la modernización y mejora del funcionamiento de las instituciones y mercados; y un posible —aunque tortuoso— camino hacia algún tipo de unión política, aunque improbable debido a la pertenencia de Reino Unido a la UE. Además, dichos anclajes (valores y progreso económico) aseguraban indirectamente la prevalencia del interés general: respeto de derechos individuales, solidaridad y mejora del nivel de vida.

Por el contrario, actualmente, la toma de decisiones es muy difícil pues lo que prevalece ante todo son los intereses nacionales, de muy difícil conjugación entre sí, donde la búsqueda de soluciones aceptables para todos tropieza con vetos cruzados cuando no directamente con incumplimientos de las decisiones y/o directivas europeas, lo que supone todo un desafío que amenaza la existencia misma de la UE.

Esta situación cambiaría sustancialmente si en el procedimiento legislativo y en la toma de decisiones en general se diera un mayor peso al Parlamento Europeo, el cual, sobre la base de posiciones ideológicas (derecha-izquierda, donde la solución de los problemas se enfocan desde la dualidad libertad versus igualdad) acabaría conformando el interés general. Y no como sucede actualmente, donde la importancia del Consejo conduce a decisiones que se sustentan en los intereses nacionales, que pueden suponer la misma negación del interés general. Por ejemplo, es evidente que la mutualización de parte de la deuda soberana era y es la única solución a largo plazo (junto con las intervenciones del BCE) para alejar definitivamente la posible ruptura de la zona euro, pero los intereses nacionales (y no hablo solo de Alemania) lo impiden, con lo que ello supone en términos de disciplina presupuestaria (y de impacto en el estado de bienestar) para los países de la periferia.

Es preocupante la estrategia de Podemos de convertir el Congreso en una cámara territorial

Aunque esto no es posible hoy en día, ese sería el verdadero cambio de paradigma para hacer funcionar de una manera eficiente a la UE, a la vez que un plus democrático: que en la toma de decisiones se atienda en primer lugar al interés general (representado por el PE), tamizado posteriormente por los intereses nacionales (representado por el Consejo a través de los Estados Miembros). Si esta forma indirecta de unión política no llega, Europa corre el riesgo de languidecer hacia la inanidad.

En este sentido, y ya dentro de España, es preocupante la estrategia política implícita seguida por Podemos y sus llamadas “confluencias” con la propuesta sobre la plurinacionalidad: convertir indirectamente el Congreso de los Diputados en una cámara territorial donde sea tenido en cuenta primero el interés “nacional” de distintos territorios (“y de lo mío qué”) y a soslayar el interés general como motor fundamental de la toma de decisiones. El problema no es el reconocimiento de un territorio como nación, sino lo que ello conlleva de derecho de veto en la toma de decisiones, en particular aquellas que, aun cuando puedan ser lesivas para su interés “nacional”, sean necesarias para el interés general. Ejemplos los hay a manos llenas: la financiación autonómica, la unidad de mercado (reconocimiento mutuo de normas y estándares), la gestión de las cuencas hidrográficas, etc. Lo fundamental no es el “encaje” de un territorio en el Estado, sino la defensa de los derechos civiles y sociales, la aplicación de una política económica que asegure un nivel de vida aceptable para los ciudadanos, la regeneración democrática, etcétera; en definitiva, el interés general.

Víctor Andrés-Maldonado es licenciado y MBA por ESADE. Fue funcionario de las instituciones de la UE de 1986 a 2012.