Machismo acuático

Por María del Mar Rivero Rosas, Responsable de Agua y Saneamiento de ONGAWA.

Foto: Wikimedia Commons.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como el día mundial de la agua, con el objetivo de reflexionar sobre la función esencial de este recurso y propiciar mejoras para la población mundial que sufre problemas relacionados con “la agua".

No. No se trata de una errata. Estoy segura de que mi antigua profesora de lengua castellana del colegio me perdonaría esta licencia literaria para poder hablar del agua en femenino. Porque, hoy en día, la falta de acceso al agua (la agua) es un problema que afecta predominantemente a las mujeres.

Un informede la Relatoría de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento advierte de la denegación sistémica y frecuente del acceso al agua y el saneamiento que responde, en primerísimo lugar, a patrones de discriminación, estigmatización y exclusión. La lucha contra la violación de estos derechos supone invariablemente hacer frente a patrones endémicos de desigualdad, que afectan, entre otros colectivos especialmente vulnerables, a las mujeres, a través de prácticas profundamente arraigadas en la sociedad.

No se percibe así cuando vemos que la mayoría de los cuadros técnicos y directivos de las empresas gestoras de servicios de agua y saneamiento de todo el mundo están ocupados por hombres, incluidas las juntas directivas de los comités de agua comunitarios que, hoy en día, asumen la responsabilidad de autogestionar el agua en millones de comunidades rurales de todo el mundo, donde las autoridades públicas o las empresas no están llegando por falta de medios, de capacidades, de rentabilidad o de voluntad política. Sin embargo, garantizar el derecho humano al agua no es una opción sino una obligatoriedad para los Estados, como bien nos recordó el actual Relator Léo Heller, en la IV Conferencia sobre saneamiento de la región de Latinoamércia y Caribe, LatinoSAN, celebrada en Lima la semana pasada.

Pero no se trata únicamente de un problema de participación de la mujer en los espacios de toma de decisión. Es también un problema de desigualdad en el control del recurso y la tecnología, tanto en la definición de estándares, regulaciones, políticas e incluso de la legislación, como en la práctica diaria. En este sentido, está bien documentado el hecho de que las mujeres y las niñas soportan la mayor carga en la recogida del agua donde no hay agua disponible en el hogar, que hoy en día se corresponde con los colectivos con mayores índices de pobreza. Esta situación repercute directamente en su salud, su alimentación, su educación y su acceso al trabajo, que son igualmente derechos humanos universales, dificultando enormemente así su salida del círculo de la pobreza.

Dentro de la Agenda 2013 para el desarrollo sostenible, en vigor desde enero de 2016, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 fija las prioridades en temas de agua, saneamiento e higiene para los próximos 15 años. En su definición se establecen los compromisos de lograr, para el 2030, el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables.

Para lograr este compromiso es necesario un enfoque integral del problema de la desigualdad que parta de la heterogeneidad de cada contexto, las diferentes condiciones de vida y los desafíos específicos que afrontan las mujeres y las niñas. ¿Cómo hacerlo?:

- Buscando cambios en las propias mujeres, necesarios para asumir un rol proactivo en los espacios de toma de decisión y en todas las etapas del ciclo del proyecto y de la gestión del servicio.

- Buscando cambios en los hombres y en las relaciones de poder tradicionales, tanto en el interior de las familias como fuera de ellas.

- Buscando cambios en las instituciones, incluyendo el enfoque de género en todos los procesos relacionados con la provisión de los servicios de agua y saneamiento, desde la elaboración de leyes y políticas que garanticen la igualdad de género, a la planificación, la financiación, e incluso al monitoreo, de forma que permita captar las desigualdades de género en contextos dentro y fuera del hogar.

Si bien los aspectos técnicos y las inversiones serán imprescindibles para alcanzar el Objetivo 6 en toda su amplitud, será igualmente importante asegurar la incorporación de la dimensión social y específicamente la desigualdad de género en todas las medidas y acciones que se lleven a cabo en el sector del agua y el saneamiento si queremos alcanzar con éxito la cobertura universal, que hoy en día concentra su mayor desafío en los colectivos más vulnerables del planeta.