Un escrache es un escrache

El modo en que un grupo de policías municipales fuera de servicio de Madrid protestó el pasado martes contra el concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, es absolutamente inaceptable. La Constitución ampara los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, pero en ningún momento estos pueden derivar en el acoso personal y la agresión verbal y material. Insultar y zarandear no forma parte del acervo democrático de ningún país. La legítima protesta, por dura que sea, no tiene nada que ver con rodear a un ciudadano y amedrentarlo.

Es necesario que quede claro: la práctica del escrache no puede tener cabida en una sociedad democrática, ni debe ser justificada en ninguna circunstancia. Da igual si la persona objeto de la intimidación es un concejal de Podemos en la calle, un alcalde del Partido Popular, una vicepresidenta del Gobierno —ambos lo sufrieron en sus respectivos domicilios— o cualquier otro ciudadano. Insultar, atemorizar, coaccionar con expresiones y gestos violentos, dar patadas a un automóvil con el agredido dentro... no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Y no existen atenuantes, ni laborales ni ideológicos. Porque, además de la violencia que encierran, este tipo de prácticas abre la puerta a comportamientos todavía más exaltados y genera situaciones que pueden escapar a todo control racional en cualquier momento.

Y hay que añadir que el escrache no solo se produce en la calle. La lluvia de injurias y amenazas que inunda las redes sociales contra diferentes personas e instituciones es la imagen auténtica de la falta de respeto y de agresión a la convivencia. Y funciona como caldo de cultivo para comportamientos intolerantes y violentos que confunden el mundo virtual con el real. En la condena no debe haber diferencias ni de personas ni de lugares ni de situaciones: un escrache es un escrache.