Fraude dental

La detención del dueño y 12 directivos de la cadena de clínicas Vitaldent por fraude fiscal y blanqueo de capitales ha puesto de manifiesto la opacidad y los riesgos del modelo de prestación de servicios odontológicos que ha representado la irrupción del sistema de franquicias. La detención se produce apenas dos semanas después de que otra cadena, Funnydent, cerrara sus nueve clínicas dentales dejando en la estacada a cientos de clientes que habían adelantado el dinero de sus tratamientos, en muchos casos mediante financiación bancaria.

Con una facturación de 500 millones de euros anuales y más de 4.000 empleados en España, la mitad odontólogos, la expansión de la cadena Vitaldent ha sido fulgurante. En 25 años ha abierto más de 450 clínicas en varios países. En España posee 133 negocios propios y 231 franquicias, a las que —según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción— exigía adelantos de dinero en metálico que gestionaba a través de una contabilidad B y cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo.

Lo ocurrido es un ejemplo de la fagocitación de un servicio sanitario por intereses cortoplacistas aprovechando la existencia de una necesidad social muy extendida y escasamente cubierta por la sanidad pública. El modelo de negocio que ha permitido la expansión de estas cadenas se sustenta en la precariedad y bajas remuneraciones de los profesionales y en la implantación de un sistema de financiación que permite a los clientes con pocos recursos acceder a créditos al consumo vehiculados por las propias clínicas. Con este sistema, los clientes podían pagar a plazos y en algunos casos obtener descuentos a cambio de adelantar la totalidad del coste.

Ante las graves irregularidades observadas, es preciso revisar la regulación y el funcionamiento del sector para garantizar que los derechos de los clientes no se vean afectados por las irregularidades de una gestión desalmada.