La aventura del avispado funcionario
Resulta sorprendente que un empleado público esté seis años cobrando su sueldo sin aparecer por el puesto de trabajo
Desde el siglo XIX, los funcionarios han arrastrado sobre sus espaldas el sambenito de que trabajan poco y mal. Se les ha desacreditado como colectivo y han sido blanco de todo tipo de burlas y difamaciones. Larra contribuyó a sembrar la leyenda negra sobre los empleados públicos con aquel famoso “vuelva usted mañana” y Pérez Galdós diseccionó las vicisitudes del cesante, esa figura jurídica que utilizaba la Administración de turno para relevar sin miramientos al cuerpo funcionarial, ya fuera por motivos políticos, de conveniencia del servicio, disciplinarios o por una simple ojeriza personal.
Algunas de estas razones pueden estar detrás de la rocambolesca peripecia protagonizada por un ingeniero del Ayuntamiento de Cádiz que ha estado nada menos que seis años cobrando sin acudir al puesto de trabajo. En 2004, este empleado —ya jubilado— fue destinado a la depuradora de San Fernando sin que ni sus compañeros ni sus jefes tuvieran conocimiento certero de qué hacía. Teóricamente, su tarea debía consistir en realizar un seguimiento de las obras y supervisar su funcionamiento.
El clásico recurso de fichar e irse a casa no parecía suficiente. Pronto dejó de acudir al despacho. Nadie le echó en falta. Hasta que en 2010, el Ayuntamiento se interesó por su situación y descubrió el pastel. Le abrió un expediente por abandono de servicio, falta injustificada y comportamiento “muy grave”.
Superado el largo contencioso, una sentencia judicial ha dado la razón al Gobierno local desestimando el recurso presentado por el avispado trabajador. El ingeniero fantasma, que desde su despacho en la depuradora apenas realizó un informe de un par de folios, ha sido condenado a devolver a las arcas municipales 30.000 euros percibidos indebidamente (la ley solo exige reintegrar el salario de un año). Lo más sorprendente es que la Administración estuvo a punto de condecorarle por sus años de servicio.
Según personas de su entorno, el funcionario ausente se declara víctima de mobbing. Pero su comportamiento —flagrante caso de absentismo injustificado— tiene poco que ver con lo que reglamentariamente se considera acoso laboral dentro de la función pública: mantener desocupado a un trabajador, encomendarle tareas inútiles o de imposible cumplimiento con los medios asignados, hostigarle, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad y tener hacia él una conducta grosera y discriminatoria de manera permanente.
La sociedad tiene ahora una percepción de los funcionarios bien distinta de la de Larra. No solo porque muchos trámites burocráticos se resuelven cómodamente por Internet, sino porque tan empleados públicos son quienes atienden a los ciudadanos tras una ventanilla (aunque no exhiban un rictus malhumorado y sean diligentes) como los médicos, maestros o policías, profesiones que atesoran una alta consideración social.
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