Cataluña: de perdidos, al río

La elección in extremis de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat ha evitado el peor de los escenarios posibles para el bloque separatista. Ir a marzo, a unas nuevas elecciones, hubiera supuesto enterrar la pulsión secesionista durante una larga temporada, tras unos meses de fuerte ridículo. El colapso hubiera sido solo atribuible a su incapacidad por resolver el rechazo visceral que generaba la figura de Artur Mas en un sector mayoritario de la CUP. La negativa de éste a ceder el cargo hubiera subrayado su personalidad ególatra y fijado claramente el oportunismo de su conversión al secesionismo en 2012. Ir a marzo hubiera debilitado estructuralmente al movimiento separatista y a todo su entramado asociativo y mediático. Por muchos esfuerzos que hubieran dedicado los opinadores más influyentes del masismo, unas nuevas elecciones no podían ser vendidas como una segunda vuelta de las celebradas el pasado 27-S, supuestamente plebiscitarias, y para las que JxSí solicitó nada menos que “el voto de tu vida”. De entrada porque ERC ya anticipó su deseo de no repetir dicha coalición en ese ambiente de desánimo. Los partidos separatistas se hubieran enzarzado en una guerra de reproches, atribuyéndose mutuamente el fracaso de una legislatura pensada para llevar a cabo la “desconexión”.

Pero por encima de todas estas razones, el interés partidista de CDC ha sido definitivo. En marzo corría el riesgo no solo de situarse en una posición subalterna, cediendo la presidencia de la Generalitat al republicano Oriol Junqueras, sino que incluso estaba en juego la posibilidad de perder todo el poder autonómico tras un pacto de las fuerzas de izquierda, a partir del auge electoral de la formación de Ada Colau en alianza con Podemos. La implosión del separatismo hubiera dejado a la llamada izquierda alternativa, que abandera la demanda de un referéndum, en una posición inmejorable para recoger buena parte de esa frustración. A la hora de la verdad, la única lógica que cuenta en política es salvar el poder y, si es posible, el honor. Evitar las elecciones en marzo permitía a CDC reinventarse desde el poder y a Mas salir con honor sin renunciar tampoco un día a volver.

Una nueva convocatoria electoral suponía el colapso del separatismo por una larga temporada. Ahora bien, el destino final sigue siendo el mismo, la frustración del independentismo, ya que la secesión unilateral es un camino intransitable, que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los catalanes. La diferencia es que ahora están más obligados que nunca a intentarlo. A ir hasta el final con “valentía pero sin temeridad”, dijo Puigdemont, provocando la intervención de la Generalitat por parte del Estado e incluso la inhabilitación del Ejecutivo catalán. Saben que en el choque perderán, pero con la esperanza de enquistar un conflicto en la sociedad catalana de dolorosas consecuencias que les devuelva pronto al poder, ensanchando por el camino su base independentista en unas nuevas elecciones. La diferencia es que, en marzo, el fracaso hubiera sido propio, interno, casi esperpéntico. Ahora, sin embargo, el fracaso se convertirá en una derrota frente a un Estado opresor, frustración que será socializada y que cuenta con un nuevo presidente mucho más dispuesto a inmolarse que el anterior. Su perfil no deja lugar a dudas. Por si fuera poco ha presidido una entidad como la Asociación de Municipios por la Independencia, una auténtica anomalía democrática, cuya fondo ideológico es supremacista y xenófobo. El programa de Puigdemont es el de Mas, pero purificado de la sombra de corrupción del pujolismo.

El vehículo para superar el ridículo de los últimos meses y acumular nuevas fuerzas va a ser el llamado proceso constituyente, que Oriol Junqueras, vicepresidente del nuevo Gobierno, ya ha avanzado que va a tener episodios de desobediencia y de resistencia pacífica, de tipo “gandhiano”. No está nada claro que vayan a lograr el éxtasis popular. La ventaja del nacionalismo catalán es que cuenta con el control casi absoluto de las instituciones, del poder en el territorio. El papel de las corporaciones locales va a ser clave en la estrategia del desacato. Su objetivo no amaga nada: socializar el conflicto, sacar rédito de la frustración y el victimismo. Un fracaso que solo será atribuible, claro está, al maligno Estado español. De perdidos, al río, se dijeron pocas horas antes de que cayera la legislatura. En el intento por salvar el poder y el honor los costes sociales pueden ser inmensos.

Joaquim Coll es historiador y vicepresidente de Societat Civil Catalana.