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El Banco Mundial toma medidas y mejora su supervisión de proyectos

18 medios internacionales destaparon el impacto negativo de varios proyectos del Banco Mundial en 3,5 millones de desplazados. El organismo toma medidas para proteger a poblaciones afectadas por grandes infraestructuras

Sonia Mackay

Con varios años de retraso, el Banco Mundial (WB) está emprendiendo acciones para corregir los errores generalizados en su supervisión de los proyectos de desarrollo que obligan a la gente a abandonar sus tierras o menoscaban sus medios de ganarse la vida. El objetivo de estos cambios es resolver un problema que ya dura décadas y que afecta a la principal entidad crediticia del planeta para el desarrollo. El Banco Mundial tiene estrictas "garantías sociales” para proteger a las poblaciones en vías de desarrollo, pero con frecuencia no logra garantizar que los Gobiernos que reciben dinero de él las respeten.

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El WB ha llevado a cabo una reorganización que asigna presupuestos y supervisores independientes a los especialistas responsables de hacer que se respeten las garantías con el fin de darles autonomía respecto a los gestores de los proyectos que están bajo su supervisión. Asimismo, ha informado de que va a contratar a 11 nuevos especialistas en garantías sociales, que está revisando su cartera de préstamos para identificar los proyectos que necesitan más garantías, y que va a exigir que todo el personal relacionado con las garantías asista a un "campamento de formación sobre reasentamientos".

Además, ha anunciado que ha incrementado los fondos para las operaciones relacionadas con las garantías cerca de un 15%, aunque no ha proporcionado cifras presupuestarias concretas.

"Reconocemos que nuestros esfuerzos no siempre han sido suficientes y seguimos en contacto con los prestatarios para asegurarnos de que las personas desplazadas física o económicamente reciban compensación y asistencia", afirmaba el Banco Mundial en una declaración. "Podemos y debemos hacerlo mejor".

Se calcula que, desde 2004 hasta 2013, los proyectos de desarrollo financiados por el banco, como presas, carreteras y centrales eléctricas, han desplazado física o económicamente a 3,4 millones de personas, según informaban en abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), The Huffington Post y otros medios asociados. La investigación Expulsados y abandonados del equipo de periodistas ha revelado que, en múltiples ocasiones, el banco ha incumplido sus normas de protección de las comunidades, y que en algunos casos ha financiado a Gobiernos y empresas acusados de violar los derechos humanos.

En marzo de 2015, cinco días después de que el equipo de periodistas enviase preguntas detalladas que informaban al banco de que había descubierto "grietas sistemáticas" en sus medidas para proteger a las personas desplazadas por sus proyectos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, hizo pública una declaración en la que admitía que había "grandes problemas" con las prácticas de reasentamiento de la entidad y anunciaba un plan de reformas para resolverlos.

La declaración de Kim también dio a conocer una serie de estudios internos, uno de ellos realizado en 2012, que advertían de que las prácticas de reasentamiento tenían deficiencias serias. El banco había mantenido en secreto estos informes durante años, y las declaraciones de Kim supusieron el primer reconocimiento público de que había habido fallos generalizados en los reasentamientos.

"Nuestra promesa es que, a medida que vayan apareciendo estos problemas, se lo haremos saber, y les anunciaremos concretamente cómo vamos a proceder para subsanarlos", declaraba Kim a la cadena pública alemana NDR, uno de los participantes en la investigación del ICIJ, en una conferencia de prensa celebrada en marzo en Berlín.

Desde ese mismo mes, el equipo de periodistas ha preguntado con regularidad por los detalles y los avances del plan de reformas del banco. La última actualización, dada a conocer en una ficha técnica publicada en la página web de la entidad de crédito el 16 de diciembre, vino a dar respuesta a las preguntas enviadas por el ICIJ, The Huffington Post, NDR, Süddeutsche Zeitung y Fusion.

En el presente año fiscal, el banco ha asignado un presupuesto independiente y considerablemente mayor para operaciones relacionadas con las garantías que entró en vigor el 1 de julio de 2015, según Anis Dani, antiguo evaluador jefe del Grupo Independiente de Evaluación interno del banco. Dani, que desde que se jubiló sigue informado sobre la actividad del banco en materia de salvaguardias, afirma que el nuevo sistema permitirá a los expertos en protección social decidir cuándo es necesaria una supervisión más estrecha.

El banco ha llevado a cabo una reorganización que asigna presupuestos y supervisores independientes

"Lo que tenían en el plan de acción no era más que una idea. Ahora tienen realmente el dinero", señalaba Dani, "lo que significa que se están tomando las garantías mucho más en serio que en el pasado".

El banco ha declarado que también ha implementado dos herramientas de supervisión que había anunciado en 2014: un Instrumento de Calificación del Riesgo Sistemático y una base de datos para el Seguimiento de la Observancia en Materia Social, que actualmente se emplean en todos los proyectos nuevos.

Las normas del Banco Mundial exigen que los Gobiernos que reciben los préstamos del banco restituyan los medios y las condiciones de vida a las comunidades afectadas negativamente por sus proyectos a un nivel igual o superior al que tenían antes de que se aprobase la iniciativa del banco, y que reubiquen a las personas que han perdido sus hogares.

La investigación del ICIJ descubrió que, con frecuencia, la entidad no revisaba con antelación los proyectos como debería para asegurarse de que las personas que se cruzasen en su camino estuviesen protegidas, ni hacía un seguimiento de lo que ocurría con las comunidades desplazadas tras la aprobación de las iniciativas. En muchos casos, los Gobiernos y las empresas financiados por el banco no reasientan o no compensan adecuadamente a las personas desplazadas. En ocasiones, los prestatarios utilizan las amenazas y la violencia para expulsar a la gente de sus hogares.

Las organizaciones pro derechos humanos que han criticado el historial del banco en cuestión de reasentamientos afirman que las últimas reformas tienen elementos positivos, pero que la entidad todavía tiene que cumplir sus obligaciones con las comunidades afectadas por descuidos anteriores.

"No se han reconocido los daños que ya han causado y no hay ningún plan para hacer algo al respecto", denunciaba Kate Geary, directora de políticas de derecho a la tierra de Oxfam.

En una carta con fecha de 16 de diciembre dirigida a Geary y a otros defensores de los derechos humanos, Maninder Gill, un alto directivo del Banco Mundial y uno de los jefes del equipo encargado de aplicar el plan de acción del banco, reconocía que este "no especifica cómo va a proporcionar reparación a las personas y a las comunidades desplazadas por los proyectos del Banco Mundial".

Lo que tenían en el plan de acción no era más que una idea. Ahora tienen realmente el dinero" Anis Dani, ex evaluador interno

Gill informaba de que el banco estaba revisando este asunto y que haría públicos sus resultados en próximos encuentros.

Jessica Evans, investigadora principal y abogada de Human Rights Watch, ha observado que las recientes acciones del banco se han centrado en gran medida en su capacidad para evaluar el riesgo social y ambiental. "En lo que realmente se está haciendo hincapié es en analizar y atenuar el riesgo", señala Evans. "Esto es importante, pero el mayor problema es lo que pasa realmente sobre el terreno".

La investigadora afirmaba que una vigilancia más estrecha puede hacer que el banco conozca mejor los riesgos, pero que la entidad seguirá enfrentándose a decisiones críticas sobre si aprobar proyectos que amenazan a las comunidades locales u obligar a los prestatarios reacios a que cumplan estrictamente sus garantías. "Lo que realmente me gustaría ver es qué prácticas va a cambiar el banco", resume.

Dani, el exevaluador interno, reconoce que mejorar el seguimiento es crucial para asegurarse de que las reformas tienen efecto en el mundo real. Puesto que ahora las operaciones de defensa están centralizadas en unidades independientes del banco, puntualiza, la entidad podrá ofrecer actualizaciones anuales con estadísticas globales que registren el número de personas desplazadas por sus proyectos y los resultados de su compensación y reasentamiento.

"Sería bueno que dijesen cómo se traduce la iniciativa en resultados mejores ", concluye Dani.

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