El campanazo del ‘Parlament’

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, anunció el pasado miércoles que aplazaba la celebración del Día de la Justicia, que debería haber tenido lugar el jueves, casi 48 horas después de que Junts pel Sí (JxS) y la CUP presentaran un proyecto de resolución en el Parlament instando al Gobierno catalán (a un futuro gobierno, puesto que todavía no han conseguido ponerse de acuerdo) a cumplir exclusivamente las normas emanadas de esa cámara. Realmente hubiera sido un verdadero espectáculo ver al president, como si nada, estrechando las manos y felicitando el día a los máximos representantes de esa Justicia que no está dispuesto a obedecer, si no le conviene. “Buscaremos un momento más confortable”, informaron y desde luego, el jueves no lo podía ser menos para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y para el Fiscal Superior, irónicos invitados de honor, enviados al cuerno poco antes.

La anécdota revela la precipitación con la que están sucediendo las cosas en Cataluña. Pero por muy acelerados que se vayan produciendo los acontecimientos, estos no dejan de tener una significación ni responder a un dibujo definido. ¿Hasta dónde pretenden llegar Artur Mas, Junts pel Sí y la CUP? Probablemente, hasta donde se les impida proseguir y sería conveniente que todas las fuerzas políticas, catalanas y españolas, fueran conscientes de ello. Pensar que Mariano Rajoy podía permanecer impasible ante esa resolución, como ha sido su táctica habitual, era irreal. Los firmantes de la propuesta parecen dispuestos a moverse en escenarios de provocación-reacción y es muy posible que intenten que la campaña electoral del 20-D se desarrolle a impulsos de cada campanazo que vaya dando el Parlament.

El problema es que esta vez el enfrentamiento y la provocación no están formuladas cara al gobierno de la nación y a Mariano Rajoy, sino cara al Parlamento de la nación y a la legitimidad democrática que este representa. Esta vez lo que JxS y la CUP han hecho es oponer la legitimidad del Parlament catalán a la legitimidad del español, aprovechando quizás que éste esta disuelto y que su representación reside en una diputación permanente, muy reducida. Se evitan así, seguramente, la celebración de un pleno en el que, cabe imaginar que por inmensa mayoría de los 350 diputados de la Cámara, se reclamara respeto a la legitimidad democrática y a la legalidad que ellos encarnan.

Aun con una triquiñuela semejante, que deja en un pésimo lugar a quienes la idearon, la cuestión es que los catalanes no pueden seguir pensando que se trata de un enfrentamiento con el gobierno español, con un presidente y un partido que aborrecen, como en muchas ocasiones se les ha dicho. Esta vez el enfrentamiento es con el Parlamento español, directamente, y con lo que este representa. Esta vez los responsables de la iniciativa buscan el enfrentamiento entre las legitimidades del pueblo español y del pueblo catalán, una idea francamente detestable. Lo apropiado ahora sería que todos los grupos presentes en el Parlamento español encontraran la fórmula legal adecuada para dejar establecida su posición. A ellos se les ha nombrado y a ellos les corresponde hablar.

Una de las dificultades en las democracias es que los ciudadanos tienen poca capacidad para poner freno a las iniciativas, o a las reacciones, de sus propios dirigentes. Eso es válido en Cataluña y también en toda España. Es difícil pensar que una parte de quienes votaron a JxS el pasado 27 de septiembre se sienta cómodos hoy en este escenario. El argumento de que han sido llevados hasta allí por la irresponsable cerrazón del gobierno de Rajoy es absolutamente insuficiente. La actitud del presidente, errónea, responde a una estrategia política que puede ser modificada. La secesión unilateral pertenece a otro orden de cosas.