Cambiar el marco

Los firmantes de la propuesta de resolución presentada ayer por los grupos Junts pel Sí y la CUP dicen hacerlo “de acuerdo con el mandato democrático” obtenido el 27-S. Y dicen constatar que ese mandato se fundamenta en una “amplia mayoría soberanista en votos y escaños”. Artur Mas había dicho el 6 de septiembre que si no había mayoría soberanista el 27, este proceso “se habrá acabado”. No dijo “independentista” sino “soberanista” para seguir jugando con la ambigüedad de esas expresiones, que unas veces son sinónimas y otras no, pero que siempre se identifican con el derecho a decidir, cuya aceptación por partidos no nacionalistas presentan como prueba del apoyo mayoritario y transversal a sus planteamientos. El PSC lo sacó de su programa pero lo ha asumido Podemos, lo que ha dado ocasión a Mas para contabilizar como neutrales respecto a la independencia los votos de Cataluña Sí Que es Pot y concluir que en realidad el soberanismo también había ganado en votos. Pero lo que se jugaba el 27-S era saber si había mayoría suficiente para dar el paso decisivo hacia la secesión. Si Mas admitiera que no la había tendría que haber dado por finalizada la aventura. Para evitarlo tergiversan el sentido del voto de Podemos, cuyos dirigentes han dicho claramente que en un eventual referéndum votarían contra la separación. Actitud que es mayoritaria entre sus votantes. Según el barómetro semestral del CEO, solo el 19,5% de ellos estaba a fines de 2014 a favor de la independencia. Del 27-S no se deduce, por tanto, ningún mandato secesionista.

El escrito “proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura Constitución catalana”. Pero antes de empezar a hablar con los demás, las dos fuerzas firmantes dan por ya decidido lo fundamental: que “el Parlament y el proceso de desconexión democrática” no acatarán las “decisiones del Estado español y en particular las del Tribunal Constitucional”, al que de entrada consideran “deslegitimado”. E insta al futuro Govern a cumplir “exclusivamente” las normas emanadas del Parlament. Ni las leyes españolas ni las europes son obedecibles si afectan a derechos de los catalanes.

Y eso lo firma el partido de Artur Mas junto a la CUP, una formación que es a la vez antisistema e independentista, lo que explica sus vacilaciones de estos días: duda sobre si será más desestabilizador impedir gobernar a Mas o dejar que lo haga sometido a sus condiciones y aprovechar su debilidad para provocar una ruptura revolucionaria . El historiador catalán Josep Fontana afirmaba el día 5 que le “encantaba” el programa de independencia y socialismo de la CUP, pero reconocía que “es un programa para una revolución, no para una actividad parlamentaria”. Pactar con la CUP es hacerlo con un partido cuyo programa incluye nacionalizaciones de la banca y otros sectores, reversión de privatizaciones, no pagar la deuda, salida del euro, desobediencia de la ley española y europea, entre otras medidas incompatibles con cualquier planteamiento de los burgueses y catalanes de clase media que han venido votando al partido de Pujol y Mas. Y no digamos con los principios de la UE.

La CUP es una formación que es a la vez antisistema e independentista, lo que explica sus vacilaciones de estos días

Si la alianza con un partido antieuropeísta radical es la única posibilidad de que Artur Mas siga al frente, ya debería haber renunciado a seguir. Su argumento es que en Cataluña hay una situación excepcional. La hay, pero porque su máxima autoridad se considera con derecho a incumplir la ley. Con la CUP de socio, la revolución se convierte en una segunda bandera en la que envolverse frente a la exigencia de responsabilidades por sus políticas y prácticas corruptas. Por eso, no será fácil que Mas y su partido retrocedan, pero será inevitable que surjan más disidencias como la de Felip Puig contra el pacto a cualquier precio con la CUP.

Y también propuestas alternativas. El politólogo Josep Maria Colomer adelantó en marzo pasado la hipótesis de que, a falta de mayoría clara en las elecciones catalanas, habría una larga negociación que atrasaría la formación del Govern hasta después de las legislativas españolas. Las cuales no sería extraño que dieran unos resultados que obligasen también a una larga negociación.

Se entrelazarían así ambos procesos, de forma que la cuestión catalana se convertiría en uno de las asuntos centrales de la negociación española, en la que participarían también los partidos catalanes. En ese marco podría abrirse paso la posibilidad de negociar alguna fórmula aceptable diferente a la independencia, y el posible acuerdo someterse a referéndum. Podría, salvo que Mas oiga voces que tome por mandatos.