No-ciudadanos en la anti-ciudad: el desafío de reivindicar los derechos colectivos

PorJuan Pablo Duhalde, el director del Centro de Investigación Social de TECHO.

ASENTAMIENTO EN ECUADOR, país sede de la próxima Conferencia de ONU sobre Asentamientos Humanos y Desarrollo Sustentable. Foto: TECHO:

Hace unas semanas Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nueva hoja de ruta hasta el año 2030 para promover el desarrollo mundial. Durante la conferencia, el Secretario General de ONU, Ban Ki Moon, planteó que "las ciudades son centros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más”. La nueva agenda de desarrollo reconoce el peso de la urbanización en la promoción y aceleración de la prosperidad y el bienestar a nivel global.

Días después, Oxfam presenta el estudio “Privilegios que niegan derechos”. El informe proyecta que el 1% de la población en Latinoamérica tendrá en el año 2022 mayor riqueza que el 99% restante si continúan los indicadores de desigualdad como se han mantenido en los últimos años.

¿Cómo recibimos estos antecedentes en la agenda para la erradicación de la pobreza?

En América Latina, lo hacemos así: a través de la tensión entre urbanización y desigualdad. La región tiene a 8 de cada 10 habitantes viviendo en ciudades, siendo la región más urbanizada del mundo. También se encuentra en el podio como una de las regiones más desiguales a nivel global, un nefasto ránking de injusticia para nuestros países.

Estamos a un año de que se celebre en Quito la III Conferencia de ONU sobre Asentamientos Humanos y Desarrollo Sustentable, Hábitat III, con el objetivo de definir la nueva agenda urbana para los siguientes 20 años. Lamentablemente no se podrá incidir en la toma de decisiones desde el sector social y ciudadanía en general, si el proceso sigue con el mismo curso a puertas cerradas por parte de los gobiernos.

No se puede dejar la decisión del futuro de las ciudades sólo en manos de representantes de gobiernos. Actualmente vivimos en espacios fragmentados física y socialmente, en donde no-ciudadanos habitan una anti-ciudad, aquellos que la desigualdad excluyó y obligó a vivir en los bordes, en asentamientos informales, favelas, campamentos, villas miseria, o el nombre que aplique en cada contexto.

La actual sociedad de mercado regida por el principio de la economía capitalista de acumulación y lucro, la especulación del suelo en base a la lógica de la plusvalía, ha generado una anti-ciudad, una a la que se accede como mercancía, es un bien de consumo que puede ser comprado.

Para casi el 25% de la población urbana (113 millones) que vive actualmente en asentamientos informales, según ONU-Hábitat, el derecho a la ciudad se encuentra obstaculizado. Esta es la cara oculta del desarrollo y el progreso, con 1 de cada 4 habitantes a nivel regional sin seguridad de tenencia de la tierra, espacios públicos, servicios y equipamiento básicos, en ocasiones en zonas de riesgo que no son habitables.

La anti-ciudad es producto de un modelo de desarrollo económico excluyente, en donde los no-ciudadanos se encuentran fuera de la dinámica y la oportunidad de ejercer ciudadanía. Quienes viven en asentamientos informales son la manifestación extrema de la desigualdad, sin goce de la ciudad próspera que se ha prometido, a ser ciudadanos en, por y desde la ciudad. Para quienes conocen la realidad, también son la muestra de autoproducción de vivienda y equipamientos a partir de creatividad e innovación, a pesar del estigma con el que se carga a quienes viven en estos espacios. Tienen las capacidades y las propuestas, tienen que ser parte de las decisiones sobre el lugar en el cual se aspira a vivir.

Tenemos 365 días, que son igual número de opciones de hacer Hábitat III un espacio integral de reivindicación de derechos. Para proyectar ciudades justas y equitativas debemos ejercer todos y todas nuestra ciudadanía, cambiar la anti-ciudad que actualmente el mercado quiere vender a quien pueda consumirla a ciudades para vivir en colectividad, con base en la solidaridad social e instituciones que promuevan y la hagan posible. La ciudad concebida como lugar público de convivencia y de realización de derechos, no una anti-ciudad cerrada y segura para un grupo minoritario, para una élite urbana que vive en el paraíso en base a la especulación.

La nueva agenda urbana mundial no es un tema sólo jurídico y financiero, también es político y ético. La Polis planteada por Aristóteles debe estar conformada por una comunidad política, decidida en conjunto a partir de valores de justicia, erradicando la producción de ciudad en base a la acumulación en manos de ese 1%.

Una ciudad justa no se construye por especulación, se decide desde y por sus ciudadanos en base a democracia y entendiendo su función social que determina valores y dinámicas entre iguales. Este es el imperativo base del futuro de la ciudad.