Un disparate

El asunto no puede ser más enojoso para la Audiencia Nacional, la imparcialidad de la justicia y su credibilidad ante los ciudadanos: una grave causa por corrupción, el sumario Gürtel, va a ser juzgada por un tribunal en cuya composición figuran dos magistrados de afinidad innegable al PP. Este hecho ha provocado un intento de recusación formal planteado por las partes personadas. También está pendiente el juicio por la contabilidad B de ese partido —más conocido popularmente como los papeles de Bárcenas— en cuyo tribunal figuran igualmente los dos jueces aludidos.

Los que lo piden alegan que Enrique López fue propuesto al Poder Judicial por el PP y colaboró con FAES, la fundación vinculada a los populares. Sin embargo, no quedan ahí las afinidades del partido gobernante con el magistrado, que en el decenio pasado protagonizó una larga batalla entre el PSOE y el PP por la renovación del Tribunal Constitucional. La operación de reemplazo en el alto órgano permaneció bloqueada durante varios años, hasta que los socialistas acabaron cediendo al nombre de López, en una de esas componendas que mezclan intensamente la política con la justicia.

Es cierto que las circunstancias apearon pronto al discutido magistrado del cargo de juez constitucional. Una noche fue descubierto por la policía saltándose un semáforo en rojo y con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. Dimitió del Constitucional, recaló en la Audiencia Nacional y ahora, por motivos de reparto cuya legalidad no se discute, integra los tribunales de los casos Gürtel y Bárcenas. A su vez, la magistrada Concepción Espejel, relacionada con María Dolores de Cospedal, va a presidir ambos tribunales tras haber pasado por el Consejo del Poder Judicial a propuesta del mismo partido.

Entra dentro de la lógica que los jueces cuestionados se declaren imparciales y no vean razón para recusarles. Pero eso es muy discutible en la realidad de los hechos, habida cuenta de que deben juzgar a tres extesoreros de la dirección del PP, a numerosas personas que tuvieron cargos con ese partido y a proveedores del mismo. Que los políticos en activo queden fuera del banquillo de los acusados no es causa bastante para cerrar los ojos a la procedencia del dinero que engrasa su poder y que les permite desarrollar las campañas electorales, máxime cuando el propio partido ha sido acusado por el instructor como responsable civil.

Si los magistrados no se deciden por sí mismos, el partido político que les ha servido de valedor debería aconsejarles que se abstuvieran. Hasta ocho exvocales del Poder Judicial aseguran que eso es lo que harían en la situación de Enrique López.

Mantenerse contra viento y marea no constituye solo una imprudencia notoria, sino un disparate de proporciones mayúsculas. Si no mueve un dedo, el PP tendrá ocasión de comprobar en qué estado de descrédito quedan la justicia y la imagen de una fuerza política que tiene que pedir la confianza de los ciudadanos para otra legislatura en pocos meses. Nadie que no tenga interés directo en las causas creerá unas sentencias sobre antiguos cargos del PP dictadas por magistrados notoriamente afines a este partido.