La justicia, cuestión de Estado

En palabras de Jean Monnet, “los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones”. Sería difícil imaginar la España del siglo XXI sin la labor de la Justicia como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, la base de la convivencia de todo Estado social y democrático de derecho.

Así lo recoge nuestra Constitución, que blinda la independencia de jueces y tribunales, que establece la igualdad de todos ante la ley y que ha permitido a la democracia española superar múltiples desafíos. Por ello vela el Tribunal Constitucional que, como garante de la supremacía de la Carta Magna, ha ensanchado y fortalecido la España de las libertades. Gracias a él, los derechos fundamentales se constituyen en una categoría real y efectiva, pues presta amparo y protección frente a toda acción que limite o dificulte el ejercicio de los mismos.

Garantizar el respeto a la Constitución es la principal obligación de quienes ejercemos responsabilidades públicas. Ese es también el compromiso que tenemos con los ciudadanos, adoptando las decisiones que sean necesarias para fortalecer nuestro marco de convivencia. La proposición de ley que asegura la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional no es sino un ejemplo de este ejercicio de responsabilidad, que no vamos a dejar de asumir. La ley es una frontera infranqueable y es importante que los ciudadanos sepan que en un Estado de derecho, los jueces y tribunales sólo se encuentran sometidos a lo dispuesto por la Constitución y las leyes y que, en esa independencia, tienen la mejor garantía de sus derechos.

Estamos llamados a poner la política al servicio de la Justicia

A tal fin, durante esta legislatura, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas para seguir garantizando la independencia judicial y mejorando la calidad de la Administración de la Justicia. En primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece nuevas medidas de especialización y refuerzo de determinados juzgados para afrontar causas especialmente complejas. La profesionalización de la Justicia y la especialización en determinadas materias son claves para garantizar una función judicial independiente y efectiva. En segundo lugar, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá una importante agilización procesal, corrigiendo la dilación en el tiempo de la resolución de las causas pendientes y evitando la sensación de impunidad que muchas veces provocan las macrocausas. Y en tercer lugar, el Gobierno cree firmemente que para garantizar la independencia judicial es imprescindible dotar a la Justicia de los medios e instrumentos necesarios para poder llevar a cabo su labor. Por ello, y al margen de las medidas de modernización, agilización y mejora del procedimiento judicial introducidas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la dotación de plazas suficientes de jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de la Justicia, es otro de los compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia.

Ningún jurista puede desconocer el contexto social, político e institucional en el que la ley nace, evoluciona y se desenvuelve; por eso trabajamos en una Justicia de las personas, entendiéndola como un servicio público que beneficia tanto al agricultor que necesita mayor protección, como al profesional liberal que quiere emplear los medios telemáticos para dirigirse al juzgado igual que los usa para contactar con sus clientes; o a los propios profesionales que a diario protagonizan el Estado de derecho como jueces, fiscales, abogados, letrados de la Administración de Justicia u otros, y que están dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos para impulsar una Justicia próxima, eficaz, predecible y de calidad.

La apertura del año judicial es un buen momento para reflexionar sobre el papel que deben desempeñar en pro del interés general aquellos que tienen responsabilidades institucionales. El deber del Gobierno es otro, pero concurrente: dotar de mejores medios a la Administración de Justicia, y sobre todo proponer nuevas y mejores leyes como sin duda se ha hecho durante esta fecunda legislatura. Pero de nada sirven las leyes ni las más fundamentadas sentencias si no se aplican. Por eso, debemos seguir trabajando para impulsar las mejoras que sean necesarias, como lo es la reforma en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Estamos llamados a poner la política al servicio de la Justicia, a garantizar los derechos y libertades de nuestros ciudadanos y, fortaleciendo el Estado de derecho, seguir construyendo juntos esa España mejor, solidaria y plural que ampara nuestra Constitución. Nuestro futuro como nación, la España de las libertades y del progreso, dependen de este desafío colectivo.

Rafael Catalá Polo es ministro de Justicia.