Honduras marcha contra la impunidad del Gobierno

Por George Redman,Director de Oxfam en Honduras.

Imagen de Tegucigalpa. Los manifestantes, que portaban antorchas, han pedido la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.ORLANDO SIERRA (AFP/EL PAÍS)

“El mundo es eso (…) un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas (…) otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende” Eduardo Galeano.

En el transcurso de los últimos dos meses un grupo de jóvenes, mujeres y hombres -líderes del conocido movimiento de las antorchas- ha movilizado a decenas de miles de personas con su mensaje de protesta contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Multitudinarias marchas semanales han tenido lugar en más de 40 ciudades de Honduras y en 15 países del mundo, y son ya 22 personas, representantes del pueblo Tolupan, Locomapa, campesinos, estudiantes y defensores de derechos humanos, las que están en huelga de hambre.

La movilización es pacífica, independiente de cualquier organización y atrae un amplio y diverso apoyo, sin importar banderas o clases sociales. Es una lucha política, pero no de partido.

La causa de su indignación es un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que salpica las más altas esferas de la elite política y económica del país. Se estima que un monto de entre US$200 millones y US$350 millones fue robado de las arcas del IHSS. Esta última cifra equivale a casi el 60% del presupuesto nacional anual de salud pública en Honduras. Esas antorchas que iluminan las calles honran la memoria de las 2.888 personas que han muerto por falta de atención médica en la seguridad social.

¿Y a dónde fue ese dinero? El exPresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa autorizó la intervención del IHSS a pocos días de dejar su mandato en Enero del 2014. Sin embargo, admitió que las irregularidades en el IHSS ya las conocía en su mandato, pero guardó silencio. “Lo detectamos nosotros el año pasado. No se hizo la intervención antes de las elecciones porque iba a generar un relajo enorme y había que hacer el proceso que era consolidar lo que es la democracia en Honduras”.

Producto de las investigaciones iniciales, el Ministerio Público formalizó acusaciones contra Mario Zelaya (ex Director del IHSS), José Zelaya Guevara (ex Jefe de Compras y Suministros)y José Ramón Bertetty (ex Gerente de Finanzas). También emitió acusaciones contra los ex viceministros de Salud, Javier Pastor y de Trabajo, Carlos Montes. Según el Ministerio Público, Mario Zelaya, José Zelaya y Ramón Bertetty eran los cabecillas de tres organizaciones dedicadas a cometer actos de corrupción en el IHSS.

Pero había más. El 8 de Mayo el periodista David Romero de Radio Globo hizo públicos documentos que desnudaron los verdaderos alcances del escándalo del IHSS. Romero tuvo acceso a expedientes del Ministerio Público que demostraron que una parte de los fondos robados del IHSS terminaron en cuentas bancarias de partido nacional –el partido de gobierno– y fueron utilizados para financiar su campaña electoral en el 2013, cuyo resultado fue la elección del actual presidente Juan Orlando Hernández. También demostraron la supuesta participación de Lena Gutiérrez (la vice presidenta del Congreso Nacional por el Partido Nacional), Shucri Kafie Larach (propietario de una de las empresas involucradas, DIMESA) y el fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar. La campaña electoral del designado presidencial del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, también recibió fondos robados del IHSS.

Desde entonces, las preguntas del millón han sido: ¿Por qué el Ministerio Público no actuó antes, teniendo en sus manos estas evidencias? ¿Por qué el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad clasificó como reservada la información del IHSS? ¿Será capaz el débil sistema judicial hondureño de llevar adelante estos casos en contra a personas de poder político y económico? ¿Será que hay más implicados de la cúpula política y económica del país que aún no han sido investigados? ¿Será que el poder económico-político ha secuestrado la democracia hondureña?

El repudio e indignación provocados por las revelaciones de Romero dieron origen al movimiento Oposición de Indignados Honduras. Su demanda principal es clara: la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) en Honduras, similar a la que existe en Guatemala desde el 2007. A su criterio, solamente con una intervención internacional en el sistema judicial de Honduras será posible asegurar que los casos de corrupción vinculados con personas de poder político y económico no queden en la impunidad. Según el índice global de impunidad, Honduras figura entre los países en que se identificaron mayores niveles de impunidad en el mundo en el 2015.

La idea de una CICI en Honduras no es nueva. En su informe “Hallazgos y recomendaciones: Para que los hechos no se repitan” después del golpe de estado en Honduras en el 2009, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomendó “el establecimiento de una instancia internacional de investigación para fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años de duración.”

Sin embargo esta demanda no ha tenido eco en el gobierno actual. El martes 23 de Junio, el presidente Hernández hizo una propuesta alternativa de un sistema integral hondureño de combate a la impunidad y la corrupción. Un intento anterior de eliminar la corrupción en el sistema judicial tras el asesinato de dos jóvenes a manos de la policía en 2011 no tuvo los resultados esperados. ¿Tendrá éxito esta vez? No lo sabemos.