Cómo liquidar los Consejos Consultivos

De entre la fatigosa relación de reformas estructurales que hay que aprobar de inmediato para salvar a la humanidad de la extinción o a la economía nacional de la quiebra sobresale la ectoplásmica reforma de la Administración. Es una de las más citadas por sociólogos, economistas, teólogos del euro y neoliberales adscritos administrativamente a los Gobiernos del PP; pero a diferencia de otras que se han puesto en marcha a tropezones o se han estropeado —como la de las pensiones, la laboral o la bancaria—, la reforma administrativa permanece inédita; no ha pasado de los papers de la FAES y de los buenos propósitos congelados en el último momento. Es mejor disponer de prebendas para repartir que carecer de ellas y sembrar el pánico entre los prebostes del partido (de cualquier partido).

Pues bien, en una hipotética reforma de la Administración, los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas deberían ser candidatos a la desaparición inmediata. Hay varias razones, alguna de hartazgo político (parecen y funcionan como organismos donde se aparcan políticos has been a los que hay que suministrar un sueldo con independencia de su capacitación para las funciones que se les reclaman), otra de coste económico (60 millones anuales requieren los consejos para desarrollar una actividad redundante con la del Consejo de Estado). Sin embargo, la razón más sólida es que la tarea de los consejos autonómicos disgrega un deseable criterio de legalidad único, representado teóricamente por el Consejo de Estado, en varios criterios que pueden ser contradictorios entre sí y con los del propio Consejo.

Cuando Ciudadanos y PP llegaron a un acuerdo para suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, siguiendo una lógica política que puede ser discutible en detalle pero que es coherente con los principios de no duplicar innecesariamente organismos ni funciones, ni dar pábulo a presunciones de privilegios para políticos, no faltaron voces que salieron en defensa de su supervivencia. La más vehemente ha sido la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, consejero de la institución. Arguyó Leguina que él no cobraba 8.500 euros al mes, sino que se le quedaban en 5.000 porque el resto, hasta el salario bruto, se los llevaban Hacienda y la Seguridad Social. La declaración tiene un encanto pintoresco; todos los salariados pagan impuestos. Para pagar parados sería más rentable ahorrarse los 8.500 euros brutos del salario de cada uno de los nueve integrantes del Consejo (al que se acaba de añadir, sin que quepa prueba a favor o en contra de su idoneidad, Ignacio González).

Más juego prometía otro de sus argumentos a favor: el consejo autonómico ahorra dinero y agiliza trámites. Podría ser cierto, pero esa afirmación hay que demostrarla. Y hasta el momento no se ha hecho. Ese sería el eje del debate que tenía que haber precedido al acuerdo político entre el PP y Ciudadanos. Pero no existió; y si existió no se conoce. Ni se explicaron las razones de la creación de los consejos autonómicos ni se explican ahora los motivos para su supervivencia.