Obligada neutralidad

L a Junta Electoral Central ha ordenado que se retiren las banderas esteladas de los locales públicos y colegios electorales de Cataluña. Aunque los partidos soberanistas han tratado de convertir esta decisión en un nuevo ataque a Cataluña, lo cierto es que la decisión es absolutamente justa y no podía ser otra que hacer cumplir la ley.

El independentismo ha hecho de la transgresión de la legalidad su principal herramienta de agitación política. En esta dinámica se inscribe la decisión de muchos Consistorios de hacer ondear la estelada en las dependencias oficiales. Cataluña tiene una bandera oficial, la senyera, que ha sido y sigue siendo la que, por consenso general, representa a todos los ciudadanos. El soberanismo pretende sustituirla por la estelada, que solo representa a una parte.

La colocación de este símbolo partidista en lugares oficiales constituye una imposición; en la práctica, supone un mensaje de exclusión de quienes no comulgan con la opción soberanista. Si ello es siempre objetable, en campaña electoral resulta absolutamente inadmisible: vulnera de forma flagrante el deber de neutralidad que tienen las instituciones en un proceso electoral. Es muy lamentable que quienes gobiernan esos municipios no hayan querido o no hayan sido capaces de cumplir con ese deber. Ahora tendrán que hacerlo por mandato de la Junta Electoral, y es la autoridad gubernativa catalana la que ha de impedir cualquier intento de desobediencia.