Brechas salariales obscenas

PorAlex Prats(@alexpratstweets).

Fuente: CentralAmerica Link.

En 2014 los directivos de las 350 empresas más grandes en Estados Unidos según volumen de ventas ganaron 332 veces más que el trabajador medio en el mismo país: 11,7 millones de dólares de media para los ejecutivos contra un salario anual medio de 35.239 dólares.

En el Reino Unido, en el mismo año, los 100 ejecutivos que más dinero ganaron acumularon en un año 131 veces el salario medio británico. Sin embargo, solamente 15 de esas 100 empresas pagaron a todos sus empleados un salario por encima del que Living Wage Foundation considera un salario digno en ese país (7,85 libras por hora de trabajo).

En España, el directivo mejor pagado fue el delegado y presidente de Inditex, Pablo Isla, con una retribución total de 7,98 millones de euros, cifra que representa 336 veces la retribución media (21,763 euros) de los empleados y empleadas que trabajan en la empresa que él mismo dirige.

En Sudáfrica, un minero necesitaría trabajar 93 años para ganar la cantidad media anual que recibe un alto ejecutivo del mismo sector en concepto de incentivos.

A menudo se utiliza el argumento de que el mercado de trabajo simplemente retribuye a cada uno según el valor que aporta. ¿Pero es este argumento aceptable? Sabemos que las prácticas actuales son legales, pero ¿es realmente justo que un empleado reciba más de 300 veces el salario medio de su país o el de los empleados de su propia empresa, o estamos ante una de esas situaciones donde los gobiernos deberían actuar para poner limitaciones a las dinámicas que crea el libre mercado?

Tal como han señalado economistas como Thomas Piketty, Paul Kruger o Joseph Stiglitz, la enorme brecha que se ha generado en las últimas décadas entre los que más dinero ganan por su trabajo y los que menos es una de las principales causas de la creciente desigualdad.

Cuando uno observa estos datos no puede evitar, como mínimo, levantar la ceja al constatar que las políticas de reducción de costes salariales se han presentado en España como una de las vías principales para impulsar la recuperación, la creación de empleo y la competitividad. Cuando se habla de moderación salarial, no es precisamente de los salarios de ejecutivos de lo que se está hablando principalmente.

En España, se estima que las reducciones salariales durante la crisis han sido de alrededor de un 2% anual, hecho que debe haber tenido, en mayor o menor medida, un impacto negativo en la estimulación del consumo.

Por otro lado, el salario mínimo interprofesional en España en 2014 fue de 757 euros al mes, muy inferior al establecido en países europeos como Francia (1,458 euros), Irlanda (1,462 euros) o Bélgica (1,502 euros). Si el salario mínimo en Francia prácticamente dobla el de España, ¿es realmente, como a menudo se explica, la mejora sustancial del salario mínimo una medida que pondría en peligro de muerte la recuperación económica en nuestro país?

En Brasil, por ejemplo, si bien es cierto que en una coyuntura diferente, el salario mínimo interprofesional aumentó casi un 50% entre 1995 y 2011, período en el que se experimentó al mismo tiempo un importante crecimiento económico y reducción de la pobreza y la desigualdad.

El aumento de la desigualdad extrema que se ha producido en las últimas décadas, y que ya nadie cuestiona, no sólo es injusto sino que además no es bueno para la propia salud económica de un país (FMI dixit) y su cohesión social. La corrección de las brechas salariales entre los que más ganan y los que menos debería ser una de las recetas adoptadas por los gobiernos que se tomen en serio el reto de crear un modelo social en el que todas y todos tengamos las mismas oportunidades.

Concretamente, los gobiernos deberían asegurar que todos los trabajadores y trabajadoras reciben por su trabajo un salario digno, lo cual implica la necesidad de establecer, allí donde aún no existe, o aumentar, el salario mínimo interprofesional. Además, se deberían tomar las medidas necesarias para poner límites a la legal pero injusta brecha salarial entre los que más ganan y los que menos.

En noviembre de 2013, Suiza rechazó mediante un referéndum introducir una ley que limitara los salarios de ejecutivos de una empresa a 12 veces los salarios más bajos de la misma. Como ocurre con muchas otras medidas necesarias para luchar contra la desigualdad, como por ejemplo la reducción de los incentivos fiscales a las multinacionales, los gobiernos suelen argumentar que, de adoptarlas de forma aislada, sólo conseguirían desviar la inversión hacia otros países. Este fue sin duda uno de los argumentos que más se exprimieron durante el referéndum suizo.

Si bien está demostrado que los factores que más determinan el nivel de inversión extranjera son otros como la calidad y salud de la fuerza de trabajo, la tecnología o las infraestructuras, también resulta evidente que, en un mundo ya tan globalizado, una mayor consenso y cooperación entre países es fundamental para la adopción en bloque de medidas que tengan como objetivo la reducción de la desigualdad, incluidas aquellas orientadas a la reducción de la brecha salarial o la lucha contra la evasión fiscal.