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¿Quién respalda la cooperación?

La tardía internacionalización de las empresas españolas explica la falta de apoyo a la cooperación

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD-OCDE) publicó las cifras de 2014 de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de los principales donantes. España sólo alcanzó el 0,14% respecto a su PIB. Después de haber llegado al 0,46% en 2009, la crisis económica y la reducción del gasto público no son ajenas a la tendencia decreciente iniciada en 2010. Mientras, países como el Reino Unido han mantenido o incluso aumentado su ayuda al desarrollo. ¿Qué circunstancias nos diferencian? ¿Por qué gobiernos con igual mandato ciudadano de afrontar la crisis adoptan decisiones inversas a este respecto? ¿Qué respaldo tienen las decisiones políticas sobre la cooperación?

En los países donantes de mayor tradición, los sectores empresariales y financieros se benefician indirectamente de la ayuda gubernamental al desarrollo. No necesariamente a través de la vinculación de la ayuda a contratos o inversiones, sino de modo más sutil. En esos sectores hay consciencia de ello y, sin manifestar su apoyo a la AOD, desde luego no se oponen siquiera a su incremento. La perspectiva histórica lo ilustra.

Las grandes potencias coloniales del siglo XX mantenían ventajosos vínculos económicos con sus dominios antes de la independencia. Por lo tanto, las grandes empresas y las entidades financieras preceden en esos territorios a la cooperación internacional. Cuando ésta se define, además de las motivaciones éticas y políticas, el mantenimiento de los vínculos y del protagonismo de los actores económicos de la metrópoli en las ex-colonias supone un objetivo implícito. Se colocan, y sus costes son AOD, expertos del donante en ministerios e instituciones clave y desde ellas influyen y facilitan desde decisiones económicas y políticas hasta la conclusión de contratos. Las redes de influencia y las ayudas, tanto reembolsables como donaciones (AOD, en ambos casos), complementan los flujos entre los actores involucrados.

Hay intereses económicos que deben favorecer una mayor AOD

Actualmente se discute la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sucesores de los ODM para el post-2015, y la UE debe elaborar su posición común. Además del incremento de la AOD, se plantean mecanismos financieros innovadores: la tasa sobre las transacciones financieras internacionales (ex tasa Tobin), la reducción de las tasas de las agencias intermediarias sobre las remesas de los emigrantes, la lucha contra los paraísos fiscales, evitar precios de transferencia abusivos utilizados por transnacionales, o compartir información fiscal para combatir la elusión de impuestos y el fraude. Ciertas alternativas tendrían impacto en determinadas plazas financieras de los países donantes o en empresas multinacionales. Para evitarlo, algunos estados —y las empresas— prefieren que se aumente su AOD. Siendo un cálculo que salvaguarda sus intereses, no cuestionan incrementar su contribución a los países en desarrollo.

En el caso de España, la historia es diferente: la cooperación y la AOD precedieron a las empresas en muchas regiones. De hecho, desde los años 80 del siglo XX, la Cooperación Española en América Latina y en el continente africano fue la avanzada de la España democrática y moderna, abriendo caminos y diálogo con los actores políticos, sociales y económicos de esos países, desempeñando un papel infravalorado como base de nuestra política exterior más sólida, por ejemplo, a través de la cooperación multisectorial de amplitud iberoamericana. La internacionalización tardía, y en algunas regiones todavía incipiente, de las empresas españolas también explica la ignorancia de la conveniencia de la cooperación.

Pero se aprecia una evolución. En América Latina, varias empresas españolas están estableciendo Alianzas Público Privadas para el Desarrollo con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y actores locales. Además, la AECID, tradicional socio de cooperación de las organizaciones indígenas, apoyando sus procesos de autodesarrollo, está facilitando el diálogo entre éstas y las empresas, a petición de ambas partes, para que alcancen acuerdos basados en el respeto y en el beneficio mutuo. La Cooperación Española ha generado espacios de diálogo intercultural y metodologías que favorecen proyectos en los que todos ganan.

La cooperación ha sido la base de nuestra política exterior más sólida

Mientras la ayuda al desarrollo es una magnitud cuantitativa, la cooperación para el desarrollo (CpD) es algo más complejo: el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados para promover el progreso económico y social global, sostenible y equitativo. Se basa en compromisos internacionales, en la doctrina y análisis académicos, en técnicas de diálogo cultural, en lecciones aprendidas, y en la confianza y prestigio alcanzados. Además, la CpD requiere un sistema institucional: legislación, entidades públicas gestoras, ONG, centros de investigación, instrumentos de planificación, mecanismos de coordinación y una relación coherente con el resto de la acción exterior del país.

Para la mayor parte de la ciudadanía, no obstante, la cooperación se identifica con las ONG. Pero en un país como España, donde la mayoría de éstas depende principalmente de subvenciones públicas, la sostenibilidad de ese entramado institucional resulta fundamental. En particular, es indiscutible el papel central de la AECID dentro del sistema español. Sus capacidades y fortaleza determinan en gran medida el estado de la Cooperación Española. De ahí la relevancia de que merezca mayor respaldo. Para lograrlo, requiere un incremento de sus recursos humanos en sede y en el terreno, normativa y procedimientos de gestión adecuados al trabajo con países en desarrollo y similares a los de las demás agencias europeas y, entonces, un incremento sustancial de su asignación presupuestaria.

Alberto Virella es Director de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).